Las cifras de violencia doméstica vuelven a mostrar un panorama alarmante en Argentina. Según un reciente informe de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las denuncias crecieron un 9% durante el primer trimestre de 2025 en comparación con el mismo período de 2024.
El 73% de las víctimas son mujeres, y los agresores más frecuentes siguen siendo sus exparejas, una constante en los informes anuales de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD). En total, entre enero y marzo de este año se realizaron 2.643 presentaciones, que involucraron a 3.331 personas afectadas, junto a 2.103 consultas informativas, estas últimas también en aumento. El dato subraya la persistencia de la violencia en el seno de los hogares, pero sobre todo la vigencia de un patrón estructural que ninguna política pública ha logrado desarticular.
Un flagelo
El informe detalla que el 66% de las mujeres afectadas tienen entre 18 y 59 años, mientras que el 36% de las presentaciones involucró a niñas, niños y adolescentes, recordando que la violencia doméstica rara vez es un acto aislado: suele impactar en todos los miembros de la familia. Entre los varones afectados (884 en total), más de la mitad -un 53%- son menores de edad, lo que muestra que los niños siguen siendo víctimas directas y no sólo testigos de la violencia intrafamiliar. Además, por primera vez en mucho tiempo, se visibiliza la situación de personas de género no binario: cuatro presentaciones correspondieron a identidades trans y no binarias de entre 30 y 49 años. Este dato, aunque marginal en número, refleja una realidad históricamente invisibilizada por el sistema judicial y de protección, que aún carece de protocolos específicos de atención a las disidencias sexo-genéricas.
Violencia de género y desigualdad económica
El documento señala que el 89% de las personas denunciantes entre 18 y 59 años se encontraban económicamente activas, aunque un 12% estaban desocupadas. Este dato evidencia la dimensión económica de la violencia doméstica: la dependencia o la precariedad laboral dificultan las posibilidades de denunciar y alejarse del agresor, en un país donde el acceso a un trabajo digno y estable sigue siendo un privilegio para pocos.
Un sistema colapsado y sin prevención real
Si bien el crecimiento de las denuncias puede leerse como una mayor confianza en la posibilidad de ayuda estatal, también es cierto que refleja la persistencia y naturalización de la violencia como forma de control en las relaciones íntimas. La crítica de organizaciones feministas y especialistas en violencia de género apunta al mismo núcleo: el Estado sigue respondiendo desde el sistema judicial y policial, pero no desde la prevención integral, la educación no sexista y la asistencia estructural a las víctimas. A pesar de la existencia de la Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, de los botones antipánico y de las restricciones perimetrales, los femicidios no descienden de manera sostenida y las violencias cotidianas -físicas, económicas, psicológicas y simbólicas- siguen normalizadas, en un contexto de crisis económica y ajuste del gasto público que golpea aún más a las mujeres y diversidades.
La violencia doméstica no es sólo un problema de “convivencia” ni un asunto privado. Es el emergente más extremo de la desigualdad estructural y de una cultura patriarcal que sigue formando varones que creen tener poder sobre la vida de mujeres, hijos e hijas. El desafío pendiente es la implementación real de políticas de prevención y erradicación que se hacen más complejos en tiempos de motosierra.