
El intendente wichi de Santa Victoria Este, Rogelio Nerón, le expresó a Victoria Villarruel que llegaba hasta el Senado “con la urgencia de visibilizar a nivel nacional las necesidades de los habitantes del Departamento de Rivadavia, en la provincia de Salta”, afectados por las crecidas del Río Pilcomayo y frustrados porque la ley de emergencia que recibió media sanción en la Cámara Alta está cajoneada en Diputados.
“Conozco Santa Victoria Este, estuve ahí”, contestó la Vicepresidenta, y dejó de una sola pieza no solo a Nerón sino también a los senadores salteños Sergio Leavy, Juan Carlos Romero y Nora Giménez, que habían sido convocados para el encuentro en el Salón Gris.
Uno de los presentes en la cita refirió que llegar a ese rincón de Salta es algo que casi ningún dirigente nacional hace. La jugada de la vicepresidenta habría sorprendido a los kirchneristas Leavy y Giménez. “Está jugando fuerte y la reunión se produjo por iniciativa de ella”, dijeron.
Nerón había tramitado el pedido de la audiencia a través de Leavy y Villarruel lo recibió el martes pasado, junto a dos asesores del ex intendente de Tartagal. Sin embargo, la vicepresidenta pidió que se realizara un nuevo encuentro dos días después, aunque tuviera que concretarse durante la sesión, para que estuvieran presentes los tres senadores de la provincia norteña.
El jefe wichi explicó que había solicitado esa conversación porque el 7 de mayo pasado se aprobó el proyecto de Ley de Emergencia y Catástrofe, presentado por Leavy, pero aún no es ley. La iniciativa dispone “la creación de un fondo de 10 mil millones de pesos para la realización de las obras hídricas de protección que evitarían el desborde de los ríos Pilcomayo y Bermejo”, durante 180 días, y recibió el respaldo de todos los bloques en la misma votación que aprobó la emergencia para Bahía Blanca.
Sanción en Diputados
Los salteños aspiran a que la Cámara Baja termine de sancionarlo, algo que podría reimpulsarse si los senadores dieran aviso a los diputados para que fuercen a Martín Menem a poner el expediente en tratamiento. Sin embargo, apelaron a la ayuda de Villarruel, señaló el sitio La Politica on Line.
Según fuentes parlamentarias, la vicepresidenta no despierta confianza política entre los kirchneristas, salvo en José Mayans, que mantiene un diálogo fluido con ella. Pero Villarruel terminó causando una impresión insospechada en Nerón y sus dos acompañantes, el maestro de escuela Ciro Ramos y el asesor legal del municipio, Daniel Segovia. Incluso, Nerón arribó al Congreso con una preocupación: a Villarruel se le atribuye estar contra la ley 26160, que registra el estado de los relevamientos territoriales y habilita a las familias de los pueblos originarios a acceder a terrenos para construir sus casas. “Se trata de una norma que se sancionó para el trabajo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, pero, en algún momento, tenía que culminar”, concedieron en un despacho peronista.
Reactivarán comisión de pueblos originarios
La senadora Giménez, por su parte, planteó la reactivación de la Comisión Especial de Pueblos Originarios, que ya caducó. Romero, en tanto, consideró importante la reactivación de la Comisión Regional del Río Bermejo (COREBE). Ese cuerpo fue constituido como organismo interjurisdiccional para el aprovechamiento socioeconómico de la Cuenca del Río Bermejo y debe contar con representantes del gobierno nacional y de las provincias del Chaco, Formosa, Jujuy, Salta, Santa Fe y Santiago del Estero.
La maniobra de Villarruel podría sumarse a sus sistemáticas visitas a gobernadores, con los que tejió vínculos políticos tal vez más armoniosos que los que terminó detonando la Casa Rosada con los armados provinciales para las elecciones a través de la estrategia diseñada por Lule Menem.
La vicepresidenta manifestó además la voluntad de acompañar a los senadores en la búsqueda de soluciones para las comunidades de Rivadavia Banda Sur, Rivadavia Banda Norte y Santa Victoria Este.
“Según datos del INDEC y relevamientos de la Dirección de Estadísticas de Salta, la región del Chaco salteño concentra índices de pobreza superiores al 70%, con un alto porcentaje de hogares sin acceso a agua potable segura ni a saneamiento básico”, informaron desde el entorno de Leavy.