Intendentes electos piden denuncias penales; el 30% de municipios no rindió sus cuentas

Luego de que se conociera que un 30% de los municipios todavía no rindieron el Ejercicio de Cuentas de 2.022, pese a haber vencido el plazo el 30 de junio pasado, y de las intenciones de Auditoría de la Provincia, de realizar las denuncias penales correspondientes, algunos de los municipios permanecen impávidos aún frente a tales irregularidades.

Tal es el caso de General Güemes, en donde el actual Jefe Comunal Sergio Salvatierra mantiene la ley del hielo con el electo Carlos "Ketty" Rosso. El legislador continúa sosteniendo que a la fecha no hay diálogo entre las partes: "no he visto ningún tipo de cuentas. Lo que sé, por gente que trabaja en la municipalidad, es que hay algunas dificultades, como también algunas irregularidades recientes, como el haber nombrado gente en planta cuando tanto desde la Auditoría de la provincia, como desde el mismo gobierno de la provincia, se les había dicho qué cosas debían hacer y las que no"

Rosso relató que, junto al diputado por el departamento de General Güemes, y al intendente electo de Campo Santo visitaron la auditoría para plantear algunos puntos: "nos entrevistarnos con el presidente de este ente, el Dr. Ferraris, a quien le solicitamos que se hagan las auditorías como corresponden con la finalidad de poder llegar a tener los resultados acordes, para tener un municipio como corresponde. A esta altura, creo que el presidente de la Auditoría de la provincia, y todos los auditores tendrían que haber realizado un cierre después del 14 de mayo y listo. “Esta transición hasta diciembre es una agonía tremenda, porque la sociedad tiene que seguir pidiendo cosas al municipio, y el municipio tiene que seguir gestionando cosas para la gente y  eso no pasa en Güemes”, sentenció Rosso.

Críticas al Gobierno y a la Auditoría

Carlos “Ketty” Rosso continuó analizando la situación de irregularidad, que se replica no sólo en Güemes y expresó su malestar, tanto con el gobierno de la provincia, como con la Auditoría General: “creo que lo que correspondía era llamarnos a los intendentes electos, para poder ver cómo se van a seguir gestionando temas, tanto a nivel provincial como nacional”, sostuvo.

Asimismo insistió: “a la gente no le interesa quién cambia, le interesa que las cosas sigan su curso, y si no tenemos diálogo, imagínense lo vergonzoso que resulta”

A su vez, para Rosso en relación a su distanciamiento con Salvatierra, “lo más grave es que los dos somos del mismo espacio político del gobernador de la provincia, que también fue reelecto. Lo paradójico es que si nos vamos a reunir para ver elecciones nacionales, pero no lo del municipio, y a la gente le molestan esas cosas”.

“No estoy de acuerdo en que no hayan controlado ni sancionado desde el Gobierno ni desde la Auditoría de la provincia, a los intendentes, y que ellos (los intendentes) sabiendo que se van, hayan nombrado gente cuando no debían hacerlo, porque eso es jugar con dos cosas”, reclamó. En esa misma línea aseguró que ese “juego”, es con el trabajo y con la necesidad de la gente”. Además, apuntó a la “falta total de consideración para saber que nos están dejando un gran problema a los intendentes que estamos por asumir”.

Por último, el electo intendente de Güemes expresó: “No es aquí quien puede resolver mejor  la cuestión, o si echamos o no a la gente es saber  que la sociedad nos está pidiendo a los funcionarios, sea el rango que fuera, que trabajemos de otra manera”.

Municipios en rojo

La polémica se reabrió a partir de información que puntualiza que a la fecha, hay entre 25 y 30 intendentes que aún no presentaron las Cuentas Generales correspondientes al período 2.022. La presentación de tales informes tenía como primer plazo legal el 30 de junio.

Sobre el tema, y en declaraciones a medios locales, Gustavo Ferraris, Presidente de la Auditoría General de la Provincia remarcó que la presentación de la cuenta se trata de una obligación constitucional, tanto para los municipios como para el Gobierno Provincial.

"Son entre 25 y 30 municipios los que no presentaron las cuentas de 2.022" indicó, añadiendo que corresponde al 40% de las intendencias salteñas. A esos, se les cursó nota dándole plazo hasta el 30 de Septiembre, detalló.

Además, el titular de Auditoría de la Provincia aclaró que no presentar las cuentas es incumplir al deber de funcionario público, por lo que se informó que por decisión del Colegio de Auditores iniciarán acciones penales contra las comunas si hasta esa fecha no cumplieron con el mandato constitucional.

Orán: un municipio entre las llamas

El municipio del norte provincial, es uno de los que presenta hoy una serie de problemas asociados a la gestión de Pablo González, que inclusive tiene una denuncia penal que actualmente pesa en su contra.

La reciente semana de paro de los empleados, fue la gota que rebalsó el vaso y despertó la indignación de los vecinos por la falta de recolección de residuos. Sin embargo, los problemas y cuestionamientos a la gestión de Pablo González son más profundos.

Endeudamiento millonario, sobresueldos, nombramientos irregulares, una ciudad sin obras, vehículos oficiales rotos y falta de insumos en todas las áreas de la municipalidad; son algunas de las falencias que denunciaron los concejales.

Al respecto, Sebastián Gottero edil de la ciudad de Orán denunció a medios oranenses, que "el municipio atraviesa una situación financiera y económica muy grave con una deuda superior a los $1.000 millones". Además indicó que hay números en rojos por supuestas deudas con la Provincia y un presunto descubierto de 150 millones del banco Macro. "Es una desidia total por parte de un intendente que hace muchos años parece que no le interesa la situación de Orán", exclamó.

También Cerrillos, Rosario de Lerma y otros más

Por su parte, el municipio de Cerrillos vive en una permanente tormenta. Denuncias de personal contratado, viajes a China sin informar, convenios que nunca salieron a la luz, son algunas de las perlas que deja la gestión de Yolanda Vega, situación que inclusive devino en una nota al municipio de Auditoría de la provincia, advirtiendo sobre la prohibición de generar incrementos de gasto corriente durante los últimos trimestres de su gestión.

La nota enviada por Ferraris hacía referencia al marco normativo al que debe adherirse la administración pública salteña. Específicamente, menciona la Ley N° 27.428 de Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno, la cual prohíbe realizar incrementos del gasto corriente de carácter permanente durante los últimos trimestres del mandato de una gestión pública.

El caso de la Municipalidad de Rosario de Lerma, tiene a todo el municipio consternado, tras las permanentes irregularidades que a diario quedan expuestas de la gestión de Enrique Martínez, con similares situaciones a las que presentan los municipios en rojo: billeteras vacías, incorporación de empleados a planta, funcionarios cuestionados y recortes en obras y programas que otrora beneficiaban a los lermeños.

A ello se le suma la total inacción del Concejo Deliberante de este municipio.

Otro de los municipios que también se encuentra bajo la lupa de la Auditoría, por no presentar la documentación respaldatoria de lo esgrimido en sus informes, es el de Cafayate, que la semana que viene tendrá instalados a los auditores provinciales.