Intentaron perjudicar a una pasajera que denunció a una gendarme por vejaciones

En busca de resolver el conflicto penal, dentro de esta segunda causa, la sede fiscal Descentralizada de Orán, a cargo del fiscal José Luis Bruno, la defensa y el titular de la Defensoría Pública de Víctimas de Salta, Nicolás Escandar, arribaron a un acuerdo a fin de aplicar al caso una de las salidas alternativas promovidas por el Código Procesal Penal Federal.

Se trata de la suspensión de juicio a prueba, herramienta procesal que permitió no sólo acordar que los acusados realicen un pago resarcitorio a la víctima, sino también acordar tareas comunitarias por el lapso de un año, las que serán cumplidas en dos comedores de Salvador Mazza.

Asimismo, se dispuso el pago de donaciones a dichas instituciones por sumas de 18 mil pesos, para cada comedor. La decisión de asumir esta solución alternativa fue destacada, ya que, de esta manera, el hecho no quedó impune y las obligaciones contraídas alcanzan a la misma comunidad.

Al respecto, fuentes judiciales informaron que el resarcimiento a la víctima ya fue cumplido, como así también las donaciones de dinero y las tareas comunitarias, las que se extienden por todo un año, condición que fue sugerida firmemente por el magistrado, al evaluar el acuerdo presentado.

En su fallo, el tribunal fue muy contundente respecto al carácter denigrante en que incurrió la acusada, como así también resaltó el deber de control que deben ejercer las fuerzas de seguridad respecto a esta clase de controles. "El Estado debe garantizar que los registros invasivos se hagan de manera excepcional y de manera menos intrusiva posible. Y que estén a cargo de personal calificado, o del mismo sexo, respetando la dignidad de la persona, los reglamentos y protocolos vigentes, lo que no sucedió en este caso", destacaron.