Investigan a funcionarios de Bettina Romero por obras municipales. Ya hay imputados
La fiscalía penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos investiga maniobras que habrían generado pagos por trabajos no realizados mediante certificados falsos, además de un posible encubrimiento de funcionarios municipales. Entre los casos bajo investigación se encuentra la remodelación de la Plaza 9 de Julio.
La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio imputó a una inspectora de la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Salta, a dos socios de una empresa dedicada a la construcción de obras de ingeniería civil y al representante técnico.
La acusación que pesa sobre los nombrados es la de coautores de los delitos de falsedad ideológica de documento público en concurso ideal con fraude a la administración pública en concurso real.
Además, la inspectora, los hermanos propietarios de la empresa constructora y el representante de la misma fueron imputados por falsedad ideológica de documento público en otros hechos.
También el exsecretario legal y técnico del municipio, Daniel Nallar, fue imputado provisionalmente por encubrimiento por omisión de denuncia en calidad de autor.
Durante las audiencias de imputación, Nallar decidió ejercer su propia defensa, mientras que los demás imputados fueron asistidos por abogados particulares. Por su parte, el exsubsecretario de Obras Públicas, Luis Racioppi, y otra inspectora de obra solicitaron una prórroga de la audiencia.
La investigación se inició tras una denuncia presentada por el procurador de la Municipalidad de Salta, Matías Risso, quien aseguró que a fines de 2023 se detectó el expediente.
Habrían pagado por trabajos no realizados
El expediente reveló posibles irregularidades en obras públicas con pagos por trabajos no realizados. Según la investigación, el entonces subsecretario de Obras Públicas habría ordenado certificar avances de obra que no se correspondían con el estado real de ejecución, con el fin de adelantar pagos e iniciar obras complementarias sin cumplir con los procedimientos legales exigidos, como la aprobación de pliegos o la contratación formal.
De acuerdo con el escrito, la maniobra se justificó por la urgencia de avanzar en intervenciones emblemáticas, como la remodelación de la Plaza 9 de Julio.
La investigación realizada por personal de la UDEC determinó que los imputados habrían actuado en conjunto, aunque con distintos roles: los socios como responsables de la empresa constructora, un empleado como representante técnico, dos empleadas municipales como inspectoras de obra y un funcionario como subsecretario de Obras Públicas.
Según los investigadores, se habrían confeccionado informes con certificados de avance de obra que contenían datos falsos, declarando un progreso mayor al real. Estos documentos, firmados por las inspectoras y el representante técnico, habrían servido para justificar la emisión de facturas por trabajos no ejecutados.
El subsecretario habría elevado estos informes con el objetivo de ordenar el pago a la empresa, lo que generó un perjuicio económico para el municipio. Se sospecha que esta maniobra se repitió al menos en seis expedientes distintos de obras públicas.
En lo relacionado con el exsecretario Legal y Técnico, la fiscal consideró que podría haber tenido conocimiento del expediente.