Investigan al intendente Lino Yonar por presunto daño ambiental en Quijano

Una denuncia penal por presunto daño ambiental sacudió en las últimas horas a Campo Quijano y colocó en el centro del debate a su intendente, Lino Fernando Yonar.

La acusación se activó tras la difusión de un video que se viralizó rápidamente y que muestra a un camión atmosférico municipal descargando un líquido gris oscuro directamente sobre el suelo, en una zona rural, sin ningún tipo de contención, tratamiento visible ni resguardo ambiental. Las imágenes, por su crudeza, abrieron un interrogante que excede el hecho puntual y se proyecta sobre la forma en que el municipio gestiona residuos, controla a sus propios servicios y garantiza el derecho a un ambiente sano.

Según la presentación judicial, el material vertido sería líquido cloacal sin tratamiento previo, arrojado en la vía pública, lo que podría implicar riesgos graves para el ambiente, el suelo y las napas subterráneas. El episodio reavivó un debate de larga data en Campo Quijano: la ausencia de red cloacal y de planta de tratamiento, la precariedad de las soluciones transitorias y la falta de controles efectivos en áreas rurales, donde la infraestructura básica es históricamente deficitaria.

La denuncia no surgió de rumores ni de publicaciones anónimas en redes sociales. Fue impulsada de manera formal desde el Concejo Deliberante. La concejal Lorena Torres radicó una denuncia penal contra el intendente por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público. La presentación se realizó en la Delegación Penal de Rosario de Lerma y quedó registrada con expediente judicial en curso, lo que marca un punto de quiebre institucional: el conflicto dejó de ser meramente político para trasladarse al plano judicial.

En diálogo con Nuevo Diario, Torres reconstruyó la secuencia de los hechos. Relató que el 6 de enero por la mañana gran parte de la comunidad accedió al video difundido por medios digitales locales y redes sociales, donde se observa un tractor municipal con un tanque atmosférico -ambos adquiridos durante la actual gestión- con la válvula trasera abierta, vertiendo de forma directa un líquido gris oscuro sobre el camino.

El propio jefe comunal, explicó la concejal, reconoció horas después en un programa radial que el video era real y que el equipamiento pertenecía al municipio, aunque sostuvo que el hecho habría ocurrido meses atrás y lo ubicó en un predio de Aguas del Norte en Rosario de Lerma, donde existiría un convenio para la disposición de estos líquidos.

Para Torres, ese reconocimiento público fue clave. “Estamos ante un hecho que vulnera el derecho a vivir en un ambiente sano y pone en riesgo la salud de la comunidad”, sostuvo. En ese marco, decidió presentarse el 7 de enero en la Comisaría Nº 7 de Campo Quijano para radicar la denuncia, acompañada por el video viralizado y los enlaces al streaming radial, donde el intendente admitió la veracidad del episodio.

No se limita al intendente

El alcance de la presentación judicial excede al jefe comunal. La denuncia también incluye al exdirector de Servicios Públicos, Facundo Quintana Taibo, y a otros posibles responsables, aludiendo a una presunta cadena de decisiones y omisiones dentro del municipio. El eje no es solo el hecho puntual del vertido, sino la forma en que se toman, ejecutan y controlan las decisiones vinculadas al saneamiento y al manejo de residuos.

Torres fundamentó la denuncia en un marco normativo amplio. Citó la Ley Provincial 7070 de Protección del Medio Ambiente, que prohíbe arrojar residuos en la vía pública; la Ley 8126 de Régimen de Municipalidades, que obliga al Ejecutivo a elaborar planes de saneamiento, preservar el ambiente y garantizar la salubridad e higiene; y también el Código Penal de la Nación, que en su artículo 248 prevé sanciones para funcionarios públicos que dicten u ejecuten órdenes contrarias a las leyes nacionales o provinciales. “Entendemos que aquí hay un supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público”, afirmó.

Doble vara

El episodio adquiere mayor gravedad por el contexto en el que se conoce. En paralelo a la difusión del video, el municipio venía desplegando un operativo de controles e inspecciones en distintos barrios -20 de Febrero, 24 de Septiembre, Portal de los Andes, La Silleta- con advertencias y promesas de multas “altísimas” a vecinos que viertan aguas servidas en la vía pública. La contradicción es directa: mientras se sanciona a residentes por prácticas irregulares, un vehículo oficial habría incurrido en la misma conducta que se penaliza. Vecinos consultados describen inspecciones, plazos de regularización y controles sobre construcciones, piletas y comercios, en un escenario donde gran parte de Campo Quijano carece de red cloacal. “Controlan el agua servida, pero seguimos sin cloacas”, resumió una vecina del barrio San Jorge, reflejando un reclamo histórico que se profundiza con la denuncia. A ello se suman quejas por escombros y adoquines abandonados durante años en veredas y calles, como símbolo de una gestión fragmentada de los servicios públicos.

Más allá de la eventual tipificación penal, lo que está en juego es un debate institucional de fondo. La Constitución de Salta, en su artículo 176, obliga a los municipios a velar por la salubridad y el medio ambiente. La Ley Nacional 24.051 considera peligrosos los desechos cloacales no tratados. De confirmarse los hechos, el caso podría sentar un precedente sobre la responsabilidad de los Estados locales cuando son ellos mismos quienes incumplen las normas que exigen a la ciudadanía. Hasta el momento no hubo un descargo técnico detallado que explique el episodio registrado en video. El intendente Yonar, en cambio, negó irregularidades y atribuyó los cuestionamientos a “sectores de la vieja política”, a quienes acusó de financiar perfiles anónimos y operadores digitales para “ensuciar” su gestión. En esa línea, destacó la compra de más de 15 vehículos y maquinarias por más de $1.000 millones con recursos propios y vinculó la ofensiva virtual a decisiones administrativas adoptadas desde diciembre de 2023, en sintonía -según afirmó- con otros jefes comunales del Valle de Lerma.