Investigan denuncia del Gobierno, y reivindican la protección de las fuentes periodísticas
El fiscal Carlos Stornelli pidió este martes investigar la denuncia del Gobierno por los audios presuntamente grabados en la Casa Rosada que se atribuyen a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, pero reivindicó el derecho constitucional que protege las fuentes de los periodistas.
En consecuencia, no va a pedir allanamientos a periodistas ni medios como había pedido la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
“En primer lugar, debo decir que en la investigación no se podrá hurgar en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice, ello por mandato constitucional y sin perjuicio de que alguno quiera voluntariamente, en ese sentido, aportar datos que considere puedan servir al descubrimiento de la verdad. Esto incluye la inviolabilidad del domicilio, salvo orden fundada de juez competente, no obstante, lo cual, no empecé al análisis de las conductas ya efectuadas”, sostuvo el fiscal.
Tras la difusión de los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis), Diego Spagnuolo, sobre presuntas coimas que involucran a la primera plana del Ejecutivo, el Gobierno denunció ante la Justicia un operativo de inteligencia ilegal “con el fin de desestabilizar el país en plena campaña electoral”. Además, logró una cautelar del Poder Judicial para evitar que se reproduzcan las filtraciones que salpican a la secretaria de Presidencial, Karina Milei, y su asesor Eduardo “Lule” Menem.
Stornelli no emitió opinión sobre el sustento de la denuncia del Gobierno, pero sí considera que los hechos denunciados son lo suficientemente graves y verosímiles como para iniciar una investigación judicial. Señala que “no puede descartarse, sino más bien presumirse, la ilegitimidad de los audios” y que “estamos frente a una operación de inteligencia ilegal, de factura indudablemente clandestina”. Esto refleja que, según su análisis, hay elementos suficientes para sospechar la comisión de delitos.
Solicita que se dispongan las medidas de prueba requeridas y que se proceda conforme al artículo 193 del Código Procesal Penal de la Nación, lo que refuerza su postura de que la denuncia amerita ser investigada formalmente.
El juez federal Julián Ercolini corrió vista al fiscal Carlos Stornelli para que determine si corresponde abrir o no la investigación originada en una denuncia del Ministerio de Seguridad por supuesto espionaje ilegal a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
La denuncia fue interpuesta por la ministra Patricia Bullrich por violación a la ley de inteligencia nacional en la que, además, pidió entre otras medidas el allanamiento de periodistas y medios.
Cautelar
Bullrich solicitó al juez la adopción de una medida cautelar urgente, “tendiente a evitar que se profundice el daño y que se propaguen nuevas filtraciones ilícitas”.
Entre las medidas, Bullrich pidió insólitamente que se ordene el allanamiento y secuestro en las oficinas y estudios de Carnaval Stream, que se incauten servidores, discos rígidos y consolas de edición.
ADEPA se sumó a las condenas al bozal
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) emitió un comunicado en rechazo al reciente fallo sentencia de la Justicia en lo Civil y Comercial Federal por la cual se prohibió a los medios de comunicación difundir los audios presuntamente grabados en la Casa de Gobierno y que se atribuyen a la secretaria general de la presidencia Karina Milei. Juristas, especialistas y referentes de la política condenaron la medida judicial.
“Las prohibiciones preventivas son contrarias al artículo 14 de la Constitución Nacional y afectan el derecho de la ciudadanía a informarse y conocer hechos de relevancia pública”, sentenció el organismo respecto de la medida tomada por el juez Alejandro Maraniello en medio de la polémica que se generó alrededor de audios difundidos que involucran a funcionarios.