Investigan pedido de “retornos” de 30mil dólares en la Fábrica Argentina de Aviones
Denuncian un presunto pedido de pago en efectivo en la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). Esto derivó una investigación preliminar por parte de la Oficina Anticorrupción. Se trataría de al menos 30 mil dólares solicitados tras un contrato con empresas privadas.
La Justicia y los organismos de control comenzaron a investigar un presunto esquema de corrupción en FAdeA. Esto ocurrió uego de varias denuncias internas que señalan un pedido indebido de dinero en efectivo. Según informan fuentes oficiales, la gerencia de Legales de la planta cordobesa elevó la denuncia a la Oficina Anticorrupción después de que técnicos de la fábrica alertaran sobre una operación irregular.
El foco de la investigación gira en torno a un contrato estratégico firmado por el presidente de FAdeA, Julio Manco, con las compañías Hangar Uno y Alta Aviación, para desarrollar servicios de mantenimiento (“MRO”) en aeronaves ejecutivas y helicópteros. Parte de ese acuerdo contemplaba el alquiler de un hangar perteneciente a la fábrica estatal.
De acuerdo a la denuncia, una persona, identificada como secretaria del gerente comercial Pablo Salort, solicitó un adelanto de 30 mil dólares en efectivo a Alta Aviación. Cuando los representantes de esta última mostraron sorpresa por la modalidad del pedido, hicieron una verificación y confirmaron que la mujer estaba vinculada a Salort, pero negaron que la operación fuera de su cuenta personal.
El pedido de efectivo, según denuncian empleados de las áreas de Ventas y Compras de FAdeA, no correspondía con los procedimientos formales establecidos para organizaciones públicas. Entre quienes elevaron la alerta figura Juan Ronco, integrante de Compras. Además de otros colaboradores que denunciaron la situación ante Julia Enríquez, responsable de Ética y Compliance en la fábrica.
Enríquez inició una investigación preliminar, creó registros internos con los nombres “Caso 1/2025” y “Caso 2/2025” para preservar pruebas y documentar lo ocurrido. Además, remitió toda la documentación a la Dirección de Transparencia del Ministerio de Defensa, conducida por Martín Camps. Paralelamente, envió una denuncia formal a la Oficina Anticorrupción, citando la obligación legal de informar cuando existen indicios de delitos en el ámbito estatal.
Desde la OA confirmaron que efectivamente se abrió una investigación preliminar interna (registro SISA n.º 23.563). Asimismo esto lo iniciaron tras una denuncia recibida en septiembre de 2025. Por ahora, las actuaciones están bajo reserva, aunque se descarta que la causa haya sido cerrada sin más averiguaciones.
Fuente: Ámbito Financiero