Irán a juicio a 4 acusados por el secuestro extorsivo de un empresario del transporte
La Cámara Federal de Apelaciones de Salta decretó la apertura a juicio contra cuatro jóvenes imputados por el delito de secuestro extorsivo doblemente agravado por la edad de la víctima y por la participación de tres o más personas. Los secuestradores fueron detenidos y el empresario rescatado.
La causa es por el secuestro de Víctor Giménez, presidente del directorio de la empresa de transporte El Cóndor SA, cometido a primera hora de la mañana del 30 de noviembre del año pasado, cuando el empresario iba a las instalaciones de la firma, en la avenida Ragone N° 1, zona este de la ciudad capital de Salta.
Para este atraco, Héctor Mario Campos y Ezequiel Maximiliano Toledo, se habían vestido de policías y simulaban un control sobre la calle de acceso a la empresa, lo redujeron y lo escondieron en una pieza.
Por su liberación, pedían 50 millones de pesos, pero al atardecer de ese mismo día, los secuestradores fueron detenidos y el empresario fue liberado.
El juez federal de Revisión Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas dictó esta resolución en el marco de la audiencia de control de acusación, llevada a cabo entre el 2 y 6 de junio.
En ese marco, el fiscal federal Ricardo Rafael Toranzos, titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, y su auxiliar fiscal, Facundo Mirabella, ratificaron la imputación penal y rebatieron varios cuestionamientos y planteos, entre ellos el pedido de sobreseimiento de uno de los acusados.
Asimismo, se determinó que los acusados –Franco Jerónimo y Héctor Mario Campos, Héctor Joaquín Emanuel Rodríguez y Ezequiel Maximiliano Toledo– sigan con prisión preventiva efectiva hasta la fecha del debate, que estará a cargo de un tribunal colegiado.
Además de la imputación principal, y a pedido de la fiscalía, se resolvió que Héctor Campos y Toledo también respondan por el delito de resistencia y atentado a la autoridad, en concurso real.
Respecto a la estimación de penas, la fiscalía mantuvo el pedido provisorio, el cual oscila entre 12 y 17 años de prisión.
La querella, por su parte, adhirió a la imputación penal impulsada por la fiscalía y solicitó la pena de 17 años de prisión para todos los acusados. La actoría civil, en tanto, planteó una demanda por cinco millones de pesos en carácter de resarcimiento por daño moral, psicológico y psiquiátrico, la cual también fue admitida.
Respecto a las pruebas que se llevarán a juicio, aspecto que también integra esta audiencia, las partes debatieron ampliamente la utilidad de las evidencias propuestas, tanto para el juicio de responsabilidad penal como para la etapa de determinación de la pena.
La querella adhirió a la imputación penal impulsada por la fiscalía y solicitó la pena de 17 años de prisión para todos los acusados. El actor civil planteó una demanda por cinco millones de pesos en carácter de resarcimiento por daño moral, psicológico y psiquiátrico.
La resolución del caso se obtuvo gracias a un trabajo conjunto entre el Área de Casos Complejos, de la Unidad Fiscal Salta, la Procuración General de la Provincia, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) y la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (UFESE).