Jornada sobre violencia sexual deja al descubierto la impunidad contra niños
Los relatos desgarran antes, durante y después de denunciarlos. Son vidas de niños, niñas y adolescentes vulnerados al máximo y a manos de personas en las que confiaron.
Hasta ahí, el relato de una parte del infierno personal de las víctimas que, lamentablemente en muchos casos se complementa con el derrotero interminable de madres que no sólo deben proteger a sus hijos de su victimario, sino muchas veces del mismo sistema: que los revictimiza, que les descree, que las persigue a ellas hasta el encarcelamiento inclusive, y hasta obliga a estas víctimas de abuso a una revinculación.
Días atrás se realizó la “Jornada sobre el panorama actual de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en el país”, organizada por Equality Now y FUSA. El evento reunió a especialistas en derechos humanos, salud y justicia para abordar la alarmante problemática del abuso sexual infantil en Argentina, y fue clave para identificar los desafíos y retrocesos en la lucha por los derechos de las infancias y las mujeres.
Daniela Dosso, Madre Protectora de sus dos hijos, y co-creadora de la campaña @alerta_pormartin que busca visibilizar las formas actuales del encubrimiento judicial del abuso sexual paterno filial, además co-coordinadora de la Mesa Nacional contra el Abuso Sexual, compartió sus reflexiones tras la jornada en una entrevista con Nuevo Diario. “Lo primero que nos quedó muy claro a todas es que el abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes es un problema de salud pública”, señaló Dosso, subrayando la gravedad y frecuencia de estos casos, que en su mayoría se dan en el entorno familiar, con padres, padrastros, tíos y abuelos como los principales agresores.
Un problema de Derechos Humanos
En ese sentido, la lucha que libran desde hace años las Madres Protectoras configura una contienda desigual y en subida, atento el contexto de retroceso de derechos, y alertas a la avanzada fehaciente por parte del Gobierno Nacional en contra de las políticas de género, que incluyen la perspectiva dentro de la Justicia, tal cual lo expresó recientemente en sus polémicas declaraciones el Ministro Mariano Cúneo Libarona.
No obstante, y frente a la intentona de invisibilizar estos graves hechos, es necesario resaltar que la violencia sexual en niños, niñas y adolescentes no solo es recurrente, sino que provoca profundas afectaciones psíquicas en las víctimas, especialmente cuando los abusos ocurren en el seno familiar. Dosso enfatizó: “Es un problema de volumen, un problema de gravedad, y también un problema de derechos humanos porque hoy en Argentina existen muchísimos obstáculos para el acceso a la justicia”. Aunque presentar denuncias es relativamente fácil, obtener justicia efectiva sigue siendo extremadamente difícil. “Nos encontramos con una falta de condena de este tipo de delitos”, comentó, señalando la impunidad que rodea los abusos sexuales debido a la falta de testigos y la complejidad de los casos.
Presente y desafíos
En Argentina, desde 2018, es obligatorio investigar y denunciar de oficio el delito de abuso sexual infantil, y proteger a las víctimas.
El acceso a la justicia resulta dificultoso debido a la falta de perspectiva de género de los operadores judiciales, sumado a la circulación de teorías pseudocientíficas tales como el síndrome de alienación parental (SAP) y el síndrome de falsas memorias (SFM), que desacreditan los testimonios de las víctimas y las madres protectoras. No obstante, la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) introdujo un protocolo
Para Dosso “La búsqueda de la verdad no empieza en la justicia, sino en el sistema de salud. Cuando en la consulta no se hacen preguntas y no se nombra el daño, se obstaculiza el acceso a la justicia. Lo que hay es una falta de diagnóstico, registro y certificación del abuso en el sistema de salud. El desafío es construir un modelo basado en la detección, derivación a equipo especializado, con accesibilidad, y un sistema de registro en lenguaje clínico-forense para que lo actuado en salud favorezca el acceso de los pacientes a la justicia”.
SAP y otra estrategia antiderechos
Otro problema destacado durante la jornada y en la entrevista con este medio, fue el uso del Síndrome de Alienación Parental (SAP) por parte de los abogados defensores de los agresores, una estrategia antiderechos que, aunque ilegítima y desacreditada, continúa siendo utilizada para evitar condenas.
“El backlash fue otro de los problemas identificados”, señaló Dosso, refiriéndose a las contradenuncias y hostigamiento hacia las madres protectoras y los profesionales que asisten a las víctimas. Esto ha generado un desincentivo para que muchos especialistas en salud mental se dediquen a estos casos.
En cuanto a las políticas públicas, Dosso destacó el retroceso en las medidas que atienden la violencia de género y hacia las infancias. “Si bien tenemos muy buen marco de derecho, estamos fallando mucho en la aplicación”, afirmó, subrayando la necesidad de reforzar tanto el sistema de salud como el judicial para garantizar una verdadera protección a las víctimas. Además, advirtió que la falta de intervención temprana puede derivar en consecuencias graves en la adolescencia, como intentos de suicidio, depresiones y adicciones.
La jornada también resaltó la importancia de la organización en redes y el fortalecimiento de las prácticas de protección. En este sentido, Dosso recordó su experiencia personal como madre protectora, relatando el abuso sexual que sufrieron sus propios hijos. “Nosotras ya vivíamos años anteriores toda la avanzada de antiderechos”, expresó, haciendo referencia a los obstáculos que enfrentan las madres que intentan proteger a sus hijos.