Jueza federal de Tartagal le ordenó a Nación obras urgentes en la Ruta Nacional 34
Un fallo federal obliga a la Nación a intervenir en 90 días en uno de los tramos más críticos del norte, paralizado desde el freno a la obra pública.
La política de paralización total de la obra pública recibió este viernes un golpe directo en los tribunales. Tras meses de reclamos, denuncias y advertencias de los municipios del norte, el Juzgado Federal de Tartagal ordenó al Estado nacional ejecutar obras urgentes en la Ruta Nacional 34, en los tramos que une Salta y Jujuy, uno de los corredores logísticos más importantes del NOA.
El fallo, dictado en el marco de una medida cautelar, representa un revés judicial para el Gobierno de Javier Milei, cuya decisión de frenar los proyectos de infraestructura dejó a esta vía estratégica al borde del colapso.
La resolución es consecuencia del amparo colectivo presentado por el senador Sergio “Oso” Leavy en representación de más de un centenar de usuarios y usuarias, principalmente del departamento San Martín.
En su demanda, el legislador denunció que la ruta se convirtió en “un mapa de pozos”, con banquinas devoradas por la erosión, alcantarillas colapsadas, agua acumulada en distintos sectores, falta total de señalización y un riesgo vial creciente alimentado por el ajuste presupuestario. Al analizar la presentación, la Justicia reconoció que el deterioro compromete derechos fundamentales como la vida, la integridad física, la salud y la movilidad.
Desde el entorno de Leavy celebraron el fallo y remarcaron que la jueza Ivana Hernández pudo acreditar “el grave deterioro de la calzada en distintos sectores”. “Esto resultaba un combo peligroso para la vida de miles de automovilistas y transportistas que circulan por allí todos los días”, señalaron, insistiendo en que esta situación es “consecuencia directa del freno total a la obra pública” dispuesto desde diciembre de 2023.
El expediente muestra además un persistente silencio oficial. Leavy acompañó su reclamo con fotos, videos, notas dirigidas al presidente Milei y al entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, además de pedidos formales de información que nunca fueron respondidos. Cuando finalmente lo hizo, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) se limitó a enumerar sus limitaciones operativas: falta de mezcla asfáltica, licitaciones desiertas, precios sin actualización, contratos sin firma y proyectos ejecutivos paralizados. La dependencia reconoció incluso que intenta desde hace más de un año comprar asfalto caliente para las rutas 34 y 50, “pero sin éxito”.
La jueza Hernández fue categórica: el riesgo vial es “grave, constante y generalizado”, y el Estado nacional no puede justificarse en demoras administrativas cuando hay vidas en juego. Su fallo obliga a la DNV a intervenir en un plazo máximo de 90 días y advierte que podrían adoptarse medidas más drásticas en caso de incumplimiento. El deterioro de la Ruta 34 no solo afecta a quienes la transitan a diario, sino también al entramado económico del norte ya que se trata del principal corredor agroindustrial de la región.
En ese contexto, la resolución judicial funciona como un llamado de atención sobre los efectos concretos del ajuste. Para Leavy, y también para el gobernador Gustavo Sáenz, lo que ocurre no es austeridad, sino abandono y lo vienen sosteniendo de forma sistemática.