Juicio a carcelarios: incluían pagos en efectivo, perniles, asado y costillares entre otros
No solo de pan vive el hombre… Eso quedó demostrado en el juicio en contra de la organización narcocriminal que supuestamente operaba en el interior de la Unidad Carcelaria 1 de Villa Las Rosas.
Ayer, la audiencia se centró en la declaración de un testigo clave, exinterno del penal y actualmente detenido en una cárcel federal, quien brindó un testimonio detallado sobre el funcionamiento interno de la red y los beneficios que habría recibido a cambio de sobornos.
El testigo, que pidió declarar sin la presencia de los imputados, relató que estuvo detenido en la Unidad Carcelaria 1 desde 2019 y que durante ese período accedió a múltiples privilegios —como salidas extramuros, traslados a la granja y mejoras en su puntaje de conducta— mediante pagos en dinero o en especie, principalmente carne.
Según indicó, los beneficios eran gestionados por un funcionario penitenciario apodado “El Alfil”, a quien le enviaban transferencias bancarias o entregaban efectivo personalmente. Uno de estos pagos, señaló, consistió en la entrega de $280.000 realizada por su padre en una estación de servicio, directamente al funcionario involucrado. Además, mencionó que utilizaba un teléfono celular ingresado ilegalmente al penal —también mediante pago— para coordinar los envíos. Cuando le fue secuestrado, “El Alfil” le prestaba su propio celular para continuar con esas gestiones. También reveló que su familia enviaba carne (costillares, asado y hasta un pernil) a pedido del funcionario, incluso a través de la madre de otro interno imputado en la misma causa.
Durante la audiencia se reprodujeron escuchas telefónicas en las que el testigo daba instrucciones sobre estos envíos.
En cuanto al tráfico de drogas, sostuvo que pagaba por el ingreso de marihuana al penal, y que el dinero era transferido tanto al funcionario penitenciario como a familiares de otros internos.
Aclaró que desconocía quién proveía la sustancia, pero afirmó que el funcionario no actuaba solo y que había otros agentes involucrados. En su declaración previa ante la fiscalía, también había señalado a un jefe de pabellón como encargado de introducir la droga, quien aprovechaba su cargo para evitar las requisas.
Dos mujeres
La jornada continuó con las declaraciones de dos mujeres imputadas —madre e hija— acusadas de colaborar con la organización desde el exterior.
La primera relató que comenzó una relación con un interno durante sus visitas intracarcelarias a su hijo, y que luego de obtener la libertad condicional, siguió en contacto con él.
Aseguró que, a pedido de su pareja y a cambio de beneficios, realizó transferencias de dinero a un agente penitenciario utilizando la cuenta bancaria de su hija.
La hija, por su parte, reconoció haber entregado dinero a un celador para el ingreso de un celular destinado a su pareja, también interno.
Posteriormente, el teléfono fue secuestrado en una requisa, lo que derivó en su detención al encontrarse sus datos en el dispositivo.
Agregó que su pareja le pedía fondos bajo el pretexto de comprar madera, aunque luego descubrió que el dinero era destinado a la adquisición de marihuana.
También mencionó que recibió transferencias del novio de su madre para pagar otro celular destinado a un interno.
Para las próximas audiencias está prevista la declaración de otros imputados.
El juicio se desarrolla ante un tribunal colegiado compuesto por los jueces Federico Diez (presidente), Paola Marocco y Javier Aranibar (interino), vocales de la Sala VII del Tribunal de Juicio. Por el Ministerio Público actúa una Unidad Fiscal integrada por el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales Ana Salinas Odorisio, Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt. Los veinte acusados enfrentan cargos graves.
Los funcionarios penitenciarios están siendo juzgados por exacciones ilegales agravadas (concusión), comercialización de estupefacientes agravada —por haberse cometido en un lugar de detención, con participación de más de tres personas y por funcionarios públicos— y asociación ilícita, en concurso real.
En tanto, los internos y sus familiares están imputados por comercialización agravada de estupefacientes y asociación ilícita.