Juicio de funcionarios de la cárcel: según un testigo “Todo era un negociado en el penal”
Con la declaración de siete testigos, continúa el juicio oral contra funcionarios del Servicio Penitenciario, internos de la Unidad Carcelaria N°1 y familiares de estos, acusados de integrar una organización criminal dedicada al narcotráfico dentro del penal.
Durante la audiencia declararon efectivos policiales que participaron de la investigación y autoridades del Servicio Penitenciario, en una causa que se originó a partir de denuncias anónimas recibidas por la Fiscalía de Derechos Humanos.
Las mismas señalaban que personal penitenciario exigía sobornos a cambio de beneficios indebidos para los internos, como salidas transitorias, traslados de pabellón, informes favorables, visitas sin control o el ingreso de objetos prohibidos como celulares, comida, bebidas y drogas.
El primer testigo fue el jefe de la Unidad de Delitos Económicos, responsable de la investigación desde sus inicios, quien destacó la dificultad de recabar pruebas en un entorno cerrado donde los propios sospechosos controlaban parte de la información clave.
Como ejemplo, relató que, al momento de realizar los allanamientos, algunos de los implicados aún se encontraban en funciones, por lo que debieron ser neutralizados para preservar las pruebas.
La investigación incluyó tareas de inteligencia, escuchas telefónicas, análisis de movimientos bancarios y transacciones por billeteras virtuales, tanto de agentes penitenciarios como de familiares de internos. Las escuchas permitieron identificar a los involucrados, ya que en las conversaciones los propios presos mencionaban a los funcionarios encargados de cobrar sobornos.
Entre los señalados se encuentran celadores, jefes de pabellón, responsables de seguridad y miembros de la Junta Correccional.
Situaciones irregulares de todo tipo
“Todo era un negociado dentro del penal”, declaró el testigo, quien también indicó que uno de los funcionarios incluso gestionaba beneficios para detenidos alojados en la Alcaidía.
Durante la jornada se revelaron múltiples situaciones irregulares: desde el ingreso de alimentos y drogas, hasta la manipulación de calificaciones de conducta, traslados y salidas extramuros. Según el testigo, se detectó una participación activa del personal penitenciario en el tráfico de estupefacientes.
Un punto clave de la investigación fue la interpretación del lunfardo carcelario, ya que los implicados usaban un lenguaje codificado y procuraban no dejar rastros comprometedores.
El testigo también expuso el caso de un interno con amplios privilegios, cuyo contacto externo era su madre, también imputada.
Se comprobó que uno de los celadores visitaba su domicilio para retirar elementos que luego ingresaban de forma ilegal a la cárcel.
Durante la audiencia se reprodujeron audios de conversaciones entre imputados, familiares y personal del penal, lo que reforzó la acusación. Además, se analizaron 113 cuentas bancarias y billeteras virtuales vinculadas a 17 investigados, con un total de 703 movimientos financieros detectados en solo cinco meses (noviembre de 2022 a abril de 2023).
Según los investigadores, la organización criminal operaba mediante tres ejes: los internos, los funcionarios penitenciarios y los familiares que actuaban como nexo externo.
Lautaro Teruel, un beneficiado
Uno de los testigos sostuvo que la estructura de la organización incluía a Baldomero Darío Córdoba como el nexo externo en el circuito delictivo, encargado de canalizar el dinero hacia los funcionarios penitenciarios. En ese mecanismo, Lautaro Teruel habría sido beneficiado con traslados y un régimen de detención más favorable gracias a gestiones realizadas por Bisceglia y Córdoba. Detalló que Teruel fue trasladado al pabellón F —destinado a exfuncionarios de fuerzas de seguridad— tras el pago de sumas de dinero que, según afirmó, Córdoba se encargaba de distribuir entre los funcionarios involucrados. Indicó que, si bien se intentaba que esas operaciones fueran en efectivo para evitar trazabilidad, una de las transacciones quedó documentada: una transferencia de $100.000 realizada por Córdoba a una cuenta bancaria a nombre de la esposa de Bisceglia. Este movimiento, señaló, fue acreditado por el análisis forense de dispositivos electrónicos.