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Juicio de San Lorenzo: la Fiscalía pidió hasta 7 años de prisión para los Gonza y Guaymás

En el marco del juicio por delitos contra la administración pública en el municipio de San Lorenzo, la fiscal penal Claudia Geria solicitó penas de hasta siete años de prisión efectiva para los principales imputados.

El proceso tiene como acusados al exintendente Ernesto “Kila” Gonza, al exsecretario de Hacienda Rogelio Guaymás y al exconcejal Aldo Gonza. La audiencia de debate es presidida por los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Francisco Mascarello.

Un esquema deliberado de desvío de fondos

Durante sus alegatos, la fiscal reconstruyó lo que definió como un mecanismo sostenido para sustraer recursos del Estado municipal.

Según la acusación, los imputados aprovecharon sus funciones para administrar y disponer de fondos públicos sin controles, mediante maniobras que buscaban evitar cualquier tipo de registración formal.

El eje central del caso por peculado se basa en la salida de dinero sin respaldo legal ni documentación contable. En ese sentido, Geria describió un sistema de pagos informales con vales y recibos fuera de los circuitos administrativos.

Irregularidades en compras, programas sociales y patrimonio

La fiscal también detalló irregularidades en la adquisición de bienes con fondos municipales, sin cumplimiento de los procedimientos legales. Señaló que no existían actos administrativos ni registros que acreditaran la incorporación de esos bienes al patrimonio del municipio, y que muchos no fueron entregados a la gestión siguiente.

Otro punto relevante fue el manejo de partidas con destino específico, especialmente vinculadas a programas sociales. “Era dinero con fines específicos, no se podía disponer libremente”, remarcó, al advertir que esos recursos no fueron rendidos conforme a la normativa vigente.

En relación al estado del patrimonio, Geria mencionó inconsistencias entre gastos registrados y bienes existentes. Particularmente, remarcó el parque automotor, lo que evidencia erogaciones sin contraprestación real.

Además, denunció la existencia de préstamos informales y pagos sin respaldo administrativo, prácticas que refuerzan la hipótesis de un manejo discrecional de los recursos.

Incumplimiento de deberes y falta de controles

En cuanto al delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, la fiscal sostuvo que los acusados omitieron de manera reiterada remitir información obligatoria a los organismos de control.

Respecto de Aldo Gonza, consideró que su intervención fue clave en algunas maniobras, lo que justifica su imputación como partícipe necesario, aun sin integrar formalmente el Ejecutivo municipal.

En el caso del exintendente, además, se le atribuyó el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, por haber intervenido en actos en beneficio propio.

Penas solicitadas y pedido de detención

Al cierre de su alegato, la fiscal solicitó siete años de prisión efectiva para Ernesto Gonza, a quien consideró responsable de cinco hechos de peculado, tres de incumplimiento de los deberes de funcionario público y uno de negociaciones incompatibles.

Para Rogelio Guaymás, pidió seis años de prisión efectiva por cinco hechos de peculado y dos de incumplimiento de deberes. En tanto, para Aldo Gonza requirió cuatro años de prisión como partícipe necesario en un hecho de peculado.

Para los tres imputados, solicitó además la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.

En el caso del exintendente, la fiscal también pidió la unificación de pena debido a una condena previa.

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