Juicio para policías y civiles por corrupción en la Sección de Seguridad Interior y Narcotráfico
Una red de corrupción, en la que policías facilitaban la venta de drogas a cambio de dinero, quedó al descubierto durante la investigación.
Se determinó que los agentes brindaban información a las bocas de expendio y, además, presentaban denuncias falsas para encubrir las actividades ilícitas.
En la audiencia flexible y multipropósito ante el Juez de Garantías 1 de Orán, Francisco Oyarzú, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por los fiscales penales Mariana Torres de Orán y Daniel Espilocín del Distrito Centro.
La causa, elevada a juicio, involucra a personal policial de la Sección de Seguridad Interior y Narcotráfico (SINAR) 23 de Orán, acusado de facilitar la venta de drogas a cambio de dinero, brindando protección e información sobre allanamientos a las bocas de expendio.
Los acusados son Mariana Cristina Castellanos, Carla Elizabeth Jauregui, Fabián Fernando Romano y Cristian Alexander Gareca, acusados de peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho pasivo.
También fueron imputados Mercedes Stella Marys Benicio, Ruth Alejandra Carvajal, Hernán Federico Romero, y Luisa Verónica Choque, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, y a Beatriz Leniz y Rebeca Nilsa Pereyra por cohecho activo.
Delitos
La investigación reveló la participación de varios efectivos policiales en hechos de cohecho y otros delitos vinculados a la facilitación de actividades ilícitas a cambio de dinero. Se determinó que los involucrados habrían llegado a acuerdos para evitar allanamientos, alertando a las personas bajo investigación, lo que permitió el ocultamiento de pruebas y la fuga de sospechosos, frustrando así los procedimientos policiales en curso.
Los sargentos Mariana Castellanos, Carla Elizabeth Jauregui, Fabián Fernando Romano y Cristian Alexander Gareca, habrían incurrido en la apropiación indebida de recursos, afectando la normalidad de la función policial al quedarse con dinero secuestrado en los allanamientos, consignando una cantidad inferior en las respectivas actas.
Por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público por omisión, se encuentran imputados Castellanos, Jáuregui, Romano, Gareca, Ruth Alejandra Carvajal, Hernán Federico Romero, Luisa Verónica Choque y Mercedes Stella Marys Benicio. Se los acusa de haber omitido investigar a personas denunciadas por venta de estupefacientes y de no denunciar irregularidades.
Asimismo, por el delito de cohecho activo, están imputadas Beatriz Leniz, María Cristina del Valle Saracho y Rebeca Nilsa Pereyra, quienes, según la investigación, habrían entregado dinero a efectivos policiales a cambio de protección e información que les permitiera desarrollar libremente el comercio de drogas.
Cabe destacar que estas tres mujeres ya se encuentran condenadas por venta de estupefacientes, en una causa investigada por la Policía Federal. Esta fuerza fue convocada por la Fiscalía al advertir la omisión dolosa de investigarlas por parte de la policía provincial.