Juicio por Jimena Salas: la Justicia sigue sin culpables; absolvieron a los Saavedra
El Tribunal de Juicio Sala VII de Salta absolvió por el beneficio de la duda -in dubio pro reo- este viernes a Adrián Guillermo y Carlos Damián Saavedra, los dos hombres que llegaron al banquillo acusados por el femicidio de Jimena Beatriz Salas, ocurrido el 27 de enero de 2017 en la localidad de Vaqueros.
Los jueces concluyeron que la autoría material del crimen le correspondió a Javier Saavedra, muerto un día antes del inicio del juicio y a otro hombre que todavía no se pudo identificar.
La decisión, fundamentada en el beneficio de la duda, vuelve a dejar el caso sin condenados, a ocho años del hecho que conmocionó a la provincia y expuso con crudeza las fallas estructurales del sistema judicial para esclarecer los crímenes de género.
El veredicto, dictado por los jueces José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano, ordenó además la inmediata libertad de los hermanos, quienes cumplían prisión domiciliaria. Al mismo tiempo, el Tribunal dispuso que el Ministerio Público Fiscal continúe con la investigación para determinar la participación de otras personas, ya que —según los propios elementos surgidos en el debate— aún hay un ADN masculino sin identificar, conocido como el “hombre 2”, que coincide con una línea genética vinculada a los Saavedra.
Ocho años después, una investigación inconclusa
Desde el crimen, el expediente atravesó años de dilaciones, cambios de fiscales, líneas fallidas y reconstrucciones parciales. La víctima, una joven madre de 44 años, fue hallada con 53 puñaladas en su vivienda del barrio San Nicolás, mientras sus dos hijas pequeñas permanecían encerradas en el baño. Los informes forenses determinaron que fue atacada por al menos dos personas, y que hubo una planificación previa, basada en un ardid: el ingreso a la casa mediante una perrita caniche gris, presuntamente usada como señuelo. Esa hipótesis fue reforzada en el segundo juicio —iniciado el 24 de septiembre de 2025— con testimonios de vecinas que aseguraron haber visto a un hombre ofreciendo cuidar una perrita similar días antes del crimen. Las pericias confirmaron que ese animal pertenecía a Javier Nicolás Saavedra, hermano de los hoy absueltos y principal sospechoso, fallecido el 15 septiembre pasado mientras esperaba ser juzgado y a un día del inicio de las audiencias.
Un segundo juicio y nuevas dudas
La Fiscalía, integrada por Mónica Poma, Leandro Flores y Gabriel González, sostuvo durante el debate que los hermanos Saavedra fueron partícipes secundarios, quienes habrían colaborado en la logística del crimen —traslados, vigilancia y comunicación— mientras Javier y el “hombre 2” ingresaban al domicilio de Jimena. Sin embargo, la defensa, a cargo de Marcelo Arancibia, pidió la absolución de sus defendidos, alegando que no existían pruebas concluyentes que los ubicaran en la escena del crimen y que los vehículos y comunicaciones analizados eran insuficientes para incriminarlos.
El fallo finalmente se inclinó por esta última posición, absolviendo a ambos por el beneficio de la duda y rechazando además la demanda civil por daños presentada por la familia de la víctima.
El “beneficio de la duda” y la herida abierta
La decisión judicial deja una sensación de fracaso institucional: tras dos procesos judiciales y más de ocho años de investigación, el femicidio de Jimena Salas continúa impune. Ninguna persona fue condenada, y el principal sospechoso murió bajo custodia sin sentencia.
El principio de la duda razonable, aplicado por el Tribunal, es un pilar del derecho penal que impide condenar sin certeza plena. Sin embargo, en este caso expone los límites de una investigación que no logró reunir pruebas sólidas, ni identificar a todos los participantes, pese a la magnitud del crimen y la cantidad de indicios recolectados. La propia Fiscalía reconoció durante el juicio la existencia de al menos cuatro perfiles genéticos masculinos en la escena, y la ausencia de rastros femeninos, lo que refuerza la hipótesis de un ataque coordinado entre varios hombres. No obstante, ninguno de esos perfiles —excepto el de Javier Saavedra— fue plenamente identificado.
Una trama de violencia y silencio
El proceso judicial dejó entrever un entorno complejo en torno a los Saavedra: acusaciones de acoso sexual, problemas laborales, antecedentes de violencia y consumo, y un entramado familiar que se movía entre Vaqueros, La Caldera y Santa Victoria Este.
Durante el juicio, testigos relataron episodios inquietantes vinculados a Javier Saavedra, quien habría sido expulsado de una ONG por conductas inapropiadas con compañeras y se refugió posteriormente en un convento del norte salteño.
La prueba digital reveló que seguía obsesivamente el caso de Jimena en redes sociales, llegando incluso a sumarse al grupo de Facebook “Justicia por Jimena Salas”.
El femicidio de Jimena Salas fue uno de los primeros en Salta en exponer con claridad la necesidad de equipos especializados, enfoque de género y articulación judicial. Ocho años después, los resultados muestran la falta de esos instrumentos: una causa llena de vacíos, pruebas inconclusas y una víctima que sigue esperando justicia.
El fallo no clausura la investigación
El Tribunal ordenó expresamente que la Unidad Fiscal continúe las pesquisas para identificar a otros posibles involucrados. Sin embargo, la familia de Jimena —y la sociedad salteña— perciben que el paso del tiempo juega en contra de la verdad.
El 27 de enero de 2025 se cumplieron ocho años del asesinato de Jimena Salas. Ocho años sin culpables, sin condenas firmes y sin respuestas plenas.
La causa judicial, que parecía encaminada a dar cierre con este segundo juicio, vuelve al punto de partida: una investigación abierta y un pedido de justicia que resuena con más fuerza que nunca: Justicia por Jimena Salas.