Juzgan a 12 imputados por la “Aduana paralela”; ganaban hasta $3 millones diarios
En el Tribunal Oral Federal N° 2 de Salta comenzó el juicio contra 12 personas acusadas de integrar una organización delictiva dedicada al contrabando de importación de mercadería en Orán.
La causa, que comprende hechos ocurridos entre julio de 2024 y agosto de 2025, fue investigada por la Sede Fiscal Descentralizada de Orán, a cargo del fiscal Marcos Romero.
La acusación, señala que los imputados montaron una “Aduana paralela” en una finca ubicada a orillas del río Bermejo, donde cobraban tarifas por el ingreso de vehículos y el traslado de bultos de mercadería. La estructura también habría contado con puestos de seguridad, espacios de comida y gomones utilizados para transportar productos desde Bolivia.
La fiscalía estimó que la actividad generaba ingresos diarios cercanos a los $3 millones y que por el lugar circulaban aproximadamente 300 vehículos por día.
Un informe de la División Aduana de Orán, dependiente de ARCA-DGA, calculó que el movimiento económico total ascendió a $2.975.392.851,56.
Los 12 acusados son José Luis Segundo Suárez, Francisca Milagro Cardozo, Jorge Miguel Cardozo, Carmen Janette Cardozo, Gladys Gloria Salazar, Pedro Abel Del Rivero, María Fernanda de los Ángeles Segundo, María Rosa Basco, Virginia Ayelén Orellana, María Laura Tintilay, Cintia de los Ángeles Gutiérrez y Benito José Cardozo.
Además, la investigación cuenta con otros tres imputados que fueron detenidos después de la elevación de la causa a juicio.
Entre ellos se encuentra quien sería el presunto jefe de la organización, arrestado el 8 de agosto pasado en Bolivia.
“Carina”, donde funcionaba la estructura
Durante su alegato de apertura, el fiscal Romero describió el funcionamiento de la organización y los roles de los enjuiciados, que según señaló conformaban un grupo estable, para facilitar el ingreso ilegal de productos y obtener ganancias económicas.
La investigación comenzó el 26 de mayo de 2025, a partir de indicios sobre movimientos irregulares en la finca conocida como “Carina”.
El predio está ubicado a unos dos kilómetros de Aguas Blancas, a la vera de la ruta nacional 50, y comprende dos parcelas cuya parte posterior tiene acceso directo al río Bermejo, límite natural con Bolivia.
Según la acusación, uno de los terrenos fue adquirido por Gladys Salazar el 10 de febrero de 2025, mediante una operación de $20 millones con su hermano Alfredo. La otra parcela, registrada a nombre de Blanca Cortez, habría sido ocupada materialmente por la familia Cardozo durante años.
Este segundo inmueble resultaba central para la logística investigada, debido a su conexión con la costa del río, desde donde llegaban los gomones con mercadería procedente de Bolivia.
La fiscalía indicó que los productos eran descargados en la costa y luego trasladados por un camino interno hasta la salida hacia la ruta nacional 50. Un camino interno los conectaba, según la hipótesis acusatoria, había sido habilitado por los acusados.
En ese recorrido se habrían instalado puestos de cobro en los que se exigían pagos según la cantidad de vehículos y bultos transportados.
El operativo
La investigación estuvo a cargo de la Unidad de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Orán de Gendarmería Nacional. Las tareas incluyeron seguimientos, labores de inteligencia, intervenciones telefónicas y la utilización de un agente revelador, herramientas que permitieron reunir elementos para avanzar con la causa.
El 4 de agosto pasado, un allanamiento en la finca permitió detener a 11 de los imputados, secuestrar distintas evidencias y disponer la clausura del inmueble. Durante otro procedimiento, la Dirección General de Aduanas también incautó mercadería que había ingresado ese mismo día.
El tribunal está integrado por los jueces Domingo Batule, Gabriela Catalano y Diego Matteucci. Tras la presentación de los alegatos de apertura de la fiscalía y las defensas, se pasó a cuarto intermedio hasta hoy.