Juzgan a ex funcionarios de PAMI y ANSeS por delitos contra la Administración Pública
La acusación principal gira en torno al supuesto pago de aportes que hacían jefes de las agencias PAMI y ANSeS a La Cámpora, en compensación por la designación de cargos.
También se juzgará la responsabilidad de los imputados respecto al destino de cientos de electrodomésticos que habían sido donados al PAMI, pero que fueron entregados en actos políticos.
Desde ayer, el Tribunal Oral Federal N°2, integrado por los jueces Gabriela Elisa Catalano, Domingo Batule (presidente) y Abelardo Jorge Basbus, lleva adelante el juicio seguido contra la ex directora del PAMI, Verónica Molina, por los delitos de exacciones ilegales y malversación de caudales públicos, en grado de autor.
También son juzgados otros dos empleados de ese organismo, Diego Albornoz y Gustavo Gerónimo, acusados de malversación de caudales públicos, en grado de coautores. El requerimiento de juicio también alcanza a Marcos Vera, un ex asesor de la ANSeS imputado por exacciones ilegales, en calidad de autor. La lista de acusados se completa con Fernando Ruarte, un ex concejal que deberá responder por el delito de malversación de caudales públicos, en calidad de partícipe necesario.
En todos los casos, la acusación surge del requerimiento de juicio impulsado por el fiscal Ricardo Rafael Toranzos, desde la formalización del caso, el 22 de octubre de 2021.
En su alegato de apertura, el fiscal Toranzos, responsable del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, repasó la acusación, la que tiene como eje central la exigencia que pesaba en jefes de distintas agencias que posee el PAMI en el interior de la provincia, la que consistía en el pago del 20% del sueldo, en concepto de aportes a la organización política de La Cámpora.
Para la campaña política
Toranzos indicó que los imputados, incluido Ruarte, desviaron el destino de estos bienes, los que terminaron siendo funcionales a la campaña política que tenía el entonces concejal, quien buscaba su reelección por el Partido de la Victoria en la capital salteña, lo que llevó a la fiscalía a imputarle a todos los acusados el delito de malversación de caudales públicos.
Las defensas, por su parte, rechazaron las imputaciones y se limitaron a poner en duda la dirección dada a la investigación por parte de la fiscalía. A su vez, cuestionaron el tratamiento periodístico del caso e insistieron en el estado de inocencia que gozan sus defendidos. Este acento se advirtió con mayor fervor al momento en que Ruarte prestó declaración. El ex concejal se declaró inocente, hizo una descripción detallada de su trayectoria política y también como músico y artista, para luego atacar a la fiscalía por la investigación que lo condujo al banquillo de los acusados.
Señalan a Molina y Vera como los responsables
De la investigación realizada -según sostuvo- se pudo establecer que ese dinero se acreditaba mediante transferencias en algunos casos, y en otros se hacía a través del sistema de bolsín, de comunicación interna de ese organismo.
Señaló como los principales responsables de esta maniobra y receptores de esos pagos a Molina y Vera, quienes eran directores de la sede Salta de PAMI y ANSeS respectivamente, los que también fungen como representantes de La Cámpora en la provincia.
Afirmó que esta "exigencia" de pago estaba relacionada directamente con la designación de los cargos y la estabilidad laboral, la que corría riesgo en caso de incumplimiento. Entre las pruebas mencionadas, tanto de orden documental como testimonial, adelantó que la fiscalía presentará evidencias concretas, tales como capturas de mensajes, audios y documentación bancaria respecto al dinero recaudado.
También se refirió al uso irregular del sistema de bolsín, el que se aplicaba para recibir el pago de los jefes de agencias designados en localidades lejanas. Todo ello, en el marco de una modalidad impuesta y aceitada que salió a luz por una denuncia anónima y la declaración de dos gerentes que confirmaron la hipótesis delictiva.
Respecto a la entrega irregular de cientos de electrodomésticos que habían sido donados al PAMI por la Dirección Nacional de Aduanas, con el fin de que sean distribuidos entre los afiliados de extrema vulnerabilidad, el fiscal -asistido por la auxiliar Virginia Wierna y Andrea Espinoza– se refirió al rol de cada uno de los acusados.