Juzgan a funcionarios del PAMI y a un empresario por direccionar contrataciones

Enfrentan una acusación por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de deberes de funcionario público. La fiscalía los considera responsables de maniobras que perjudicaron al Estado Nacional por más de 3 millones de pesos.

El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta, integrado por Mario Marcelo Juárez Almaraz, Federico Santiago Díaz (presidente) y Marta Liliana Snopek, dio inicio el miércoles pasado al juicio seguido a dos empleados de la Unidad Salta del PAMI, Claudio Marcelo Palacios y Ricardo Gabriel Coronel, y a Sebastián Gonzalo Villagrán Di Prieto, propietario de una empresa de logística y servicios audiovisuales.

Abierto el debate, el fiscal federal a cargo del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, Ricardo Toranzos, señaló que a lo largo del juicio probará que los empleados públicos incurrieron en los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en grado de coautores, y que demostrará que Villagrán Di Prieto fue partícipe necesario en el primero de aquellos delitos.

El fiscal recordó que el caso se inició a partir de una denuncia anónima en la que se implicó a los tres acusados. Luego describió la maniobra, que fue dilucidada a partir de tareas de campo e inteligencia criminal que se llevaron adelante desde el área a su cargo y en las que intervinieron el auxiliar fiscal Facundo Mirabella y Ana Gómez Rincón, Nicolas Dubois y Facundo Saravia, personal del MPF.

Sobre la modalidad delictiva, Toranzos refirió que tanto Palacios como Coronel eran los encargados de preparar la documentación mediante la cual se tercerizaban ciertos servicios que eran pagados por ese organismo nacional.

Por cada contratación -explicó- se presentaban tres presupuestos y se optaba por la mejor oferta. Los servicios eran requeridos para actividades que el PAMI llevaba adelante, como por ejemplo el festejo de 50 años del organismo en distintos centros de jubilados.

Añadió que, además del secuestro de documentación y de la intervención de  teléfonos que permitieron conocer las maniobras, se verificó la existencia de las empresas que concursaban en las contrataciones que presentaban irregularidades. Indicó que siempre eran los mismos oferentes y que la tasación más baja era la presentada por la empresa de Villagrán Di Prieto.

El fiscal sostuvo también que se pudo verificar que las presentaciones de las otras empresas eran falsas, ya que sus propietarios negaron haber participado de esas licitaciones. Dijo que además se constató que los domicilios comerciales presentados tampoco existían, entre otras anormalidades.

En las comunicaciones telefónicas los imputados dijeron que “después de esas cosas hay cometa” y que “van a quedar como diez lucas de cometa para cada uno”.

“Todo va a ser demostrado durante el desarrollo del debate, con la declaración de los testigos y pruebas documentales que se van a exhibir”, aseguró el fiscal, quien de esta manera ratificó la acusación contra los tres imputados.

Las defensas, por su parte, rechazaron la acusación. Luego, los imputados optaron por negarse a prestar declaración, por el momento, en el proceso.

Cabe recordar que en junio del año pasado, una investigación de Nuevo Diario reveló que durante la gestión de Verónica Molina frente a PAMI, al menos 17 personas ligadas a la organización La Cámpora, ingresaron a trabajar en el organismo y en tiempo record pasaron a planta permanente, entre ellos la hermana de la directora, Viviana Molina y uno de los funcionarios acusados, también militante de La Cámpora, Ricardo Coronel.

Testimoniales

Enseguida, la fiscalía convocó a sus primeros testigos, la mayoría de ellos efectivos de la Delegación Salta de la Policía Federal, quienes llevaron adelante distintas tareas, tanto de inteligencia criminal como de campo, como también tuvieron participación en los allanamientos realizados, uno de ellos en las oficinas del PAMI.

Los investigadores confirmaron la existencia de la denuncia anónima como puntapié del caso, a lo que siguieron las intervenciones telefónicas. A través de ellas, se identificó a los imputados, quienes mantuvieron varias conversaciones referidas a las contrataciones.

Explicaron que les llamaron la atención los diálogos entre Palacios y Villagrán Di Prieto, quien tenía como pareja a una familiar del empleado. En sus comunicaciones, el empresario recibía instrucciones del funcionario del PAMI respecto de cómo debía confeccionar las facturas y le advertía las fechas en que debía presentarlas.

Los testigos también refirieron diálogos entre Palacios y Coronel. Precisaron que este último había mencionado que estuvo “renegando” con Palacios porque pasó mal un presupuesto, para luego reconocer que “después de esas cosas hay cometa” y que “van a quedar como diez lucas de cometa para cada uno”.

Ese audio fue difundido en el recinto, frente a lo cual la defensa intentó bajarle el tono con la aseveración de que internamente en el PAMI el término “cometa” es muy común y que se refiere al pago de viáticos.

Otro de los investigadores se refirió a la sospecha de que Palacios se desprendió de su teléfono al ser advertido desde adentro del PAMI sobre el allanamiento que se llevaba adelante y que tenía como fin el secuestro de elementos de interés para el caso.

Explicó que Palacios, al responder sobre su teléfono, primero dijo que lo había dejado en su casa, pero luego indicó que se lo había olvidado en su vehículo, para indicar por último que lo había perdido. Sin embargo, se constató que tres minutos antes de llegar a su oficina había mantenido un contacto telefónico. Por eso se requirió una requisa personal, que fue autorizada por el juez interviniente, pero el dispositivo no fue hallado.