La Auditoría detectó irregularidades en San Carlos y denunció a la intendente
La Auditoría General de la Provincia de Salta presentó una denuncia penal contra el municipio de San Carlos luego de confirmar una serie de graves irregularidades administrativas.
Entre ellas, se destacan transferencias de fondos desde cuentas municipales hacia una cuenta personal de la intendente, María del Carmen Vargas, así como la falta de presentación de la documentación contable obligatoria correspondiente a la gestión 2024.
El presidente de la Auditoría General, Gustavo Ferraris, confirmó públicamente la presentación de la denuncia penal, subrayando que San Carlos es el único municipio de la provincia que no cumplió con la obligación de presentar sus cuentas en tiempo y forma. Según explicó, a pesar de los reiterados requerimientos formales, el Ejecutivo municipal omitió responder o entregar la documentación respaldatoria de su gestión. Durante una entrevista en el programa “Día de Miércoles”, Ferraris detalló que los auditores detectaron movimientos de dinero desde cuentas del municipio hacia cuentas personales del intendente, una maniobra que podría configurar delitos como malversación de fondos públicos o enriquecimiento ilícito. La confirmación de estas transferencias fue determinante para que la Auditoría tomara la decisión de acudir a la justicia penal.
La falta de presentación de la Cuenta General 2024 por parte de San Carlos representa, según el organismo, una violación grave a los principios de transparencia y rendición de cuentas que rigen la administración pública. Ferraris recordó que la provincia implementó recientemente un sistema digital para que las municipalidades puedan subir sus informes contables en línea, en un esfuerzo por agilizar y modernizar los procesos de control, iniciativa que surgió a partir de una propuesta de la comunidad académica de la Universidad Nacional de Salta. Sin embargo, San Carlos no adhirió al sistema ni entregó la documentación por otros medios.
La denuncia penal fue dirigida contra el Ejecutivo municipal y busca determinar si las irregularidades detectadas constituyen delitos en el manejo de los fondos públicos. Según explicó Ferraris, la investigación judicial deberá establecer el destino de las transferencias, los montos involucrados y los motivos por los cuales no se presentaron las cuentas oficiales. Además de las responsabilidades penales, el titular de la Auditoría advirtió que el caso podría derivar en consecuencias políticas e institucionales para las autoridades de San Carlos, ya que se trata de una falta grave al deber de administración y control de los recursos del Estado.