La Cámara Federal ordenó liberar a los cuatro integrantes de Revolución Federal

A contramarcha del pedido de Cristina Kirchner, la Cámara Federal porteña ordenó este martes liberar a los cuatro integrantes de Revolución Federal que estaban presos desde el 20 de octubre pasado en una causa que los investiga por incitación a la violencia colectiva.

Segùn consignò Infobae, los jueces de la Sala I del tribunal sostuvieron que no hay elementos objetivos que permitan sostener que los acusados puedan entorpecer la investigación o escapar estando en libertad. El juez dispuso la excarcelación bajo caución juratoria e impuso una serie de reglas, como no salir del país sin autorización.

La libertad se dispuso para Jonathan Morel, Sabrina Basile, Gastón Guerra y Leonardo Sosa, que habían sido arrestados por pedido del fiscal Gerardo Pollicita y orden del juez Marcelo Martínez de Giorgi. El tribunal le indicó dictar medidas de sujeción al proceso, “siempre procurando que su imposición no torne ilusorio el derecho concedido”. 

Esta noche, el juez Martínez De Giorgi dispuso para todos la misma medida: impuso una caución juratoria bajo la condición de que se presenten el primer día hábil del mes y cada vez que sea citada tanto por el juzgado como por la Oficina de Delegados de la Cámara Nacional de Apelaciones del fuero o por otro organismo que en el marco de la presente causa así lo requiera; y se les impuso fijar domicilio e informar cualquier cambio que realice de la vivienda en donde se aloja.

Tampoco podrán ausentarse de la casa por más de 24 horas sin permiso; ni ausentarse del país. Si alguna de esas reglas no se cumpliera, se ordenará la inmediata detención, dijo

El fallo también sostuvo que la investigación es ajena a la causa que analiza el ataque contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. “Resulta necesario aclarar que la vinculación entre las presentes actuaciones y la causa nro. 2998/2022 ya fue rechazada por la Sra. Jueza a cargo del Juzgado del fuero n° 5 (María Eugenia Capuchetti) y por la presidencia de esta Cámara (causa nro. 3103/2022/1/SE1) y no se verifica –de momento- la existencia de elementos objetivos que nos permitan conectar ambas investigaciones, sin perjuicio de lo que pueda surgir con el avance de la investigación”, sostuvo la resolución.

En el caso se investigan las actividades de Revolución Federal. El fiscal imputó a cuatro integrantes del grupo por incitación a la violencia colectiva. Según planteó, las pruebas permiten tener “por corroborada la actividad desplegada por Jonathan Morel y Leonardo Sosa, quienes organizaron una agrupación de la que luego tomaron parte Gastón Guerra y Sabrina Basile —entre otras personas aún no identificadas—, y desde la cual llevaron a cabo un esquema delictivo que diseñaron para imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza y el temor”. A Morel y Sosa les sindicó un rol de organizadores y a Guerra y Basile como partícipes.

El Ministerio Público sostuvo que “se pudo corroborar que, a través de la agrupación Revolución Federal, en el período reseñado los nombrados alentaron e incitaron a la persecución y al odio contra determinadas personas a causa de sus ideas políticas, principalmente funcionarios públicos de la actual gestión del Poder Ejecutivo Nacional —Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa, Silvina Batakis, Victoria Donda, entre otros—, y en ese contexto atentaron entonces contra el orden público”.

Para la fiscalía, los hechos se encuadran en el delito 212 del Código Penal reprime con pena de prisión de tres a seis años a quien públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones por la sola incitación; y el artículo 213 bis, que castiga con tres a ocho años de prisión “al que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación”.

Ambas figuras fueron calificadas por la agravante prevista en la ley de discriminación para “quien aliente o incite a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas”.

Ayer por la mañana, una decena de personas se presentó en las afueras de los tribunales de Retiro. Colgó una bandera de Revolución Federal y un cartel pidiendo por la libertad de los detenidos. 

A esa hora, los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Brugia habían tenido las audiencias de excarcelación. La querella de Kirchner se opuso por escrito a que se les permitiera quedar en libertad.

Por la tarde, pasadas las 16.30, los jueces emitieron cuatro resoluciones, una por cada uno de los implicados, en donde se sostuvo un mismo criterio para todos: “No existen riesgos procesales suficientes que nos permitan mantener la medida de coerción personal dispuesta por el Juez de grado”.

“Con relación al posible entorpecimiento de la investigación, debe destacarse que los elementos secuestrados ya se encuentran a disposición de las fuerzas encargadas de estudiarlos. En ese sentido, tampoco el Magistrado de la instancia inferior identifica en concreto cuáles serían los comportamientos obstructivos que los acusados podrían llevar adelante en libertad”, agregaron. Y subrayaron que los elementos que debían ser secuestrados ya están en poder del tribunal.

El fallo resaltó que “el mínimo de pena aplicable ascendería a los tres años de prisión, lo que eventualmente avalaría una pena de ejecución condicional” y que eso no cambiaria si se aplicara el pedido fiscal para agravar la figura penal por actos discriminatorios.

Los jueces sostuvieron ademas que los imputados no tienen antecedentes penales. Y en el caso de Sabrina Basile recogieron los argumentos de la defensa: se presentó voluntariamente en la mesa de entrada de tribunales cuando sabía que estaba siendo buscada y quedó arrestada sin ofrecer resistencia alguna. “En respuesta a la invocación efectuada por el Magistrado de grado respecto de las manifestaciones que habría efectuado la imputada, relativas a irse del país, debemos destacar que el contexto en el que fueron vertidas no pueden ser interpretadas como un indicativo de riesgo”, señaló.

No obstante, para todos, la Cámara Federal sostuvo: “Creemos necesaria la aplicación de alguna medida que asegure su sujeción al proceso, debiendo seleccionar aquellas restricciones que considere pertinentes de acuerdo a lo establecido en la normativa procesal vigente, siempre procurando que su imposición no torne ilusorio el derecho concedido”.

El juez, entonces, deberá resolver bajo esa indicación. Mientras tanto, la causa sigue bajo investigación, en donde por ejemplo planteó seguir la llamada “ruta del dinero” sobre el dinero que entregó la firma Caputo Hermanos a Morel y su entorno. En las próximas horas, el jueza debe evaluar toda la prueba para resolver si decide procesar a los cuatro integrantes de Revolución Federal.