La camioneta robada a la Municipalidad fue devuelta
El vehículo se encontraba incautado por la Secretaría de Tránsito Seguridad Vial. Fue denunciado como sustraído el pasado 20 de enero, por autoridades de esa reparticion y el Tribunal de Faltas del municipio.
La camioneta Volswagen Amarok secuestrada durante los allanamientos realizados por el Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), fue restituida a personal de Subsecretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta por orden de la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio.
El vehículo había sido incautado el 5 de enero pasado por personal de Tránsito tras participar de una colisión y se encontraba a resguardo de la Municipalidad de Salta en el canchón municipal de calle Artigas. Sin embargo, el 20 de enero la Jueza del Tribunal de Faltas del Municipio de Salta, 3º Nominación, y el secretario de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta, Matías Assennato, denunciaron que la camioneta había sido retirada del depósito, sin cumplimentar con los trámites exigidos por ley.
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Por estos hechos, el propietario de la camioneta, el abogado Martín Poma Ovejero, y un agente de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta se encuentran detenidos por requerimiento de la fiscal Salinas Odorisio en la Alcaidía General de la Ciudad.
Los antecedentes de Poma Ovejero
Esta situación no fue el primer encuentro del abogado Martín Poma Ovejero con la justicia. Rn 2013, se desempeñaba como concejal de la ciudad de Salta y estuvo involucrado en un accidente de tránsito sobre la ruta 9/34 ocurrido el 31 de enero de ese año, donde falleció Carlos Vera de 41 años y por el cual fue condenado el 10 de mayo de 2018 por homicidio y lesiones culposas.
En el 2023, el abogado fue detenido por intentar usar una credencial apócrifa durante un juicio en el fuero federal. La credencial tenía su foto, pero el nombre de Jesús Nicolás Graneros. Fue detenido de manera provisoria y posteriormente se realizó un juicio por el hecho, acusado de falsificación de documento y falta de habilitación para representar a un recluso en la justicia federal.
Finalmente, fue condenado a una pena de ocho meses por “resultar autor responsable del delito de usurpación de títulos u honores”, mientras que fue absuelto por el delito de falsificación de documentos, decisión que fue apelada.