La condenaron a 10 años por trata de personas para explotación laboral
El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta condenó la semana pasada a Karla Yoselín Mamaní Aguilar a diez años de prisión por “trata de personas con fines de explotación laboral bajo la modalidad de traslado y agravado por el número de intervinientes, la cantidad de víctimas, su condición de minoridad y el estado de vulnerabilidad, en calidad de coautora”. La investigación penal fue llevada adelante por el Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal Salta.
El Tribunal, integrado de forma unipersonal por la jueza Gabriela Catalano, dispuso que la modalidad de cumplimiento de la pena sea bajo arresto domiciliario debido a que la mujer de 26 años tiene a su cargo dos hijos menores de edad, situación por la que se impone tener presente el interés superior del niño.
La condena se trata de la primera impuesta por esta clase de delito en la provincia desde la implementación del Código Procesal Penal Federal en Salta y Jujuy, el 10 de junio de 2.019.
Además, en línea con lo planteado por el MPF, la jueza estableció el decomiso de 50.000 pesos que fueron secuestrados a la condenada y que serán depositados al “Fideicomiso de Administración de Fondos de Asistencia a las Víctimas de Trata”.
El caso
Abierto el debate, la fiscal federal subrogante Paula Gallo, a cargo del Área de Atención Inicial, explicó que habían arribado a un acuerdo con la defensa respecto a la responsabilidad penal de la acusada, por lo que el debate se realizó con el objetivo de determinar la pena.
No obstante, la fiscal Gallo, asistida por la auxiliar fiscal Vanina Pedrana, relató que las actuaciones se iniciaron el 27 de febrero pasado, a partir de un control realizado por personal de Gendarmería Nacional en el puesto El Naranjo, en Rosario de la Frontera, al sur de la provincia de Salta.
Dicho control consistía en la verificación de DNI de los pasajeros: en esa circunstancia, Mamani Aguilar expresó que no tenía aunque aseguró que era oriunda de Bolivia y que se dirigía a Buenos Aires. A ello le sumó que una joven de 17 años, que también viajaba en el mismo colectivo, indicó que la acusada era su tía y que viajaban juntas.
Por otra parte, otras dos adolescentes, de 16 años, manifestaron lo mismo y explicaron que iban a Buenos Aires a visitar a sus familiares, aunque ninguna de ellas poseía la respectiva autorización de sus padres ni tampoco las tarjetas migratorias.
A partir de esta situación, se dio intervención a la fiscalía, que llevó adelante una investigación que permitió avanzar con la imputación penal de la acusada, como así también se procedió a asistir integralmente a las menores y disponer todo lo necesario para el retorno a su país de origen.