La Corte de Justicia de Salta congela sus salarios durante seis meses
La Corte de Justicia de Salta resolvió profundizar su política de ajuste presupuestario mediante la Acordada 14.627, en el marco de la situación económica nacional y su impacto en las finanzas provinciales.
La medida establece que los jueces del máximo tribunal no percibirán aumentos salariales durante un período de seis meses, en línea con el Decreto 206/2026 del Poder Ejecutivo. Según se informó, la decisión forma parte de una estrategia de responsabilidad fiscal que el organismo viene sosteniendo desde diciembre de 2023.
Desde el cuerpo señalaron que, si bien el Poder Judicial mantiene una política histórica de austeridad, el contexto actual obliga a reforzar los controles para adecuar el gasto a los recursos disponibles sin afectar el servicio de justicia. Un informe técnico de la Dirección de Administración indicó que estas medidas permitirán generar ahorros en el presupuesto vigente.
El plan de austeridad incluye además la limitación en la compra y consumo de insumos a lo estrictamente necesario, así como la suspensión de pasajes y viáticos, salvo en casos urgentes debidamente justificados. También se dispuso optimizar el uso de la flota oficial y promover un consumo eficiente de servicios básicos como energía, gas y telefonía. En la misma línea, la acordada fija restricciones en la renovación de contratos de alquiler y servicios, y reduce los cupos de horas extras, que deberán responder exclusivamente a necesidades críticas.
La normativa entró en vigencia de manera inmediata tras su publicación.
Con esta decisión, la Corte reafirmó su compromiso con el equilibrio presupuestario y la gestión austera frente al actual escenario económico. En este contexto, la decisión del máximo tribunal se inscribe en una tendencia más amplia dentro del sector público provincial, donde distintos organismos comienzan a aplicar medidas de contención del gasto ante la caída de recursos y la presión inflacionaria. Si bien desde la Corte insistieron en que el ajuste no afectará el funcionamiento del servicio de justicia, el alcance real de estas restricciones quedará sujeto a su implementación en el corto plazo, especialmente en áreas sensibles que dependen de insumos, traslados y disponibilidad operativa.