La Corte de Justicia suspendió la ordenanza para avanzar con el juicio político contra el intendente de La Merced
El máximo tribunal provincial hizo lugar a una medida cautelar presentada por Javier Wayar y frenó la aplicación de la Ordenanza 11/2026. Entre los cuestionamientos se encuentran la conformación de una comisión investigadora y la falta de precisiones sobre las garantías del derecho de defensa. La discusión de fondo todavía debe resolverse.
La Corte de Justicia de Salta suspendió la aplicación de la Ordenanza 11/2026, mediante la cual se buscaba reglamentar el procedimiento para avanzar con un juicio político contra el intendente de La Merced, Javier Wayar. La decisión se produjo tras hacer lugar a una medida cautelar presentada por el jefe comunal, quien cuestionó la validez constitucional de la normativa impulsada desde el Concejo Deliberante.
La resolución representa un revés para los concejales que promovían el procedimiento contra el intendente. Según los cuestionamientos considerados en esta instancia judicial, la ordenanza presentaría disposiciones incompatibles con principios establecidos en la Constitución Provincial, particularmente en relación con la creación de una comisión investigadora y las garantías necesarias para asegurar el derecho de defensa.
Uno de los aspectos centrales de la controversia es la reglamentación del mecanismo mediante el cual el cuerpo legislativo municipal pretendía investigar y eventualmente avanzar con la destitución del jefe comunal. En este punto, la discusión gira en torno a los límites de las atribuciones del Concejo Deliberante y a la obligación de respetar las garantías constitucionales durante cualquier procedimiento de responsabilidad política.
Las facultades del Concejo
La medida cautelar suspende la aplicación de la ordenanza mientras continúa el análisis judicial. Sin embargo, no implica por sí sola una resolución definitiva sobre la constitucionalidad de la norma ni sobre el conflicto político que enfrenta a Wayar con un sector del cuerpo deliberativo.
El caso vuelve a poner en discusión el alcance de las facultades institucionales de los concejos deliberantes y los requisitos legales que deben cumplir cuando impulsan mecanismos que pueden derivar en la remoción de una autoridad elegida por el voto popular.
Ahora, la definición dependerá de la resolución de fondo que adopte la Corte de Justicia de Salta. Hasta entonces, el procedimiento basado en la Ordenanza 11/2026 permanecerá suspendido, mientras continúa la disputa institucional en el municipio de La Merced.
Según confirmaron los ediles a Nuevo Diario, a través del Asesor Legal del cuerpo se apelará la decisión