La Corte Suprema se mete en el reparto a dedo de los ATN a determinadas provincias
La Corte Suprema de Justicia dio un paso clave en la disputa entre la Nación y las provincias por el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
El máximo tribunal emplazó al Gobierno de Javier Milei a responder, en un plazo de 60 días hábiles, la demanda impulsada por la provincia de La Pampa por la retención de fondos coparticipables que, según el reclamo, debían distribuirse entre las 24 jurisdicciones del país.
La decisión judicial reactivó un conflicto que atraviesa el vínculo político y financiero entre la Casa Rosada y los gobernadores. La causa se originó en mayo de 2024, cuando el gobernador pampeano Sergio Ziliotto denunció que el Gobierno nacional no había girado recursos acumulados en el Fondo de ATN, que por entonces equivalían a más de 430 millones de dólares.
Los ATN están previstos en la Ley de Coparticipación Federal y se financian con el 1% de los impuestos coparticipables. Su objetivo formal es asistir a provincias ante emergencias o desequilibrios financieros. Sin embargo, históricamente fueron señalados como una herramienta de manejo discrecional por parte de los gobiernos nacionales, utilizados muchas veces como mecanismo de presión política o negociación con mandatarios provinciales. Una tradición institucional argentina tan persistente como las promesas de bajar impuestos en campaña.
La resolución de la Corte no implica todavía un fallo sobre el fondo de la cuestión, pero sí marca una señal política e institucional. Los jueces confirmaron que el tribunal tiene competencia para intervenir en la causa y fijaron como fecha límite el 31 de julio para que el Gobierno nacional presente su respuesta formal.
El movimiento fue seguido con atención por el resto de los gobernadores y también por la Ciudad de Buenos Aires, en un contexto de fuerte caída de la recaudación y disminución de las transferencias automáticas vinculadas al IVA y Ganancias.
Según un informe de Politikon Chaco citado en la presentación, durante el primer cuatrimestre de 2026 Nación distribuyó apenas $121.000 millones entre 13 provincias, lo que representa el 35,5% del fondo ATN recaudado en ese período. Entre las provincias más beneficiadas aparecen Misiones, Mendoza, Corrientes, Neuquén y Salta. En cambio, quedaron fuera del reparto distritos gobernados por el peronismo como La Pampa, Formosa, La Rioja y Tierra del Fuego, además de la provincia de Buenos Aires.
Tras conocerse la decisión judicial, Ziliotto celebró el avance de la causa y sostuvo que “la distribución no puede ser discrecional” porque debe respetar “criterios equitativos, solidarios y automáticos”. El mandatario pampeano también aseguró que continuará reclamando “cada peso que corresponde” a su provincia frente a “un modelo político y económico que concentra recursos y debilita el federalismo”.
El trasfondo político también resulta significativo. Luego de las elecciones de 2025 y del fortalecimiento electoral de La Libertad Avanza, varios gobernadores moderaron sus cuestionamientos a la Casa Rosada. En paralelo, el Congreso había aprobado en 2025 una ley para limitar la discrecionalidad en el reparto de transferencias no automáticas, aunque la norma fue vetada por Milei y finalmente nunca logró ser ratificada en Diputados.
La discusión por los ATN vuelve así al centro de la escena, combinando tensión fiscal, disputa política y debate sobre el alcance real del federalismo argentino.