La defensora de Córdoba prepara acusación contra el intendente de Vaqueros

La Defensora Subrogante de Violencia Familiar y de Género del Distrito Judicial Centro, María José Neme Scheij, quien tiene a su cargo la defensa de Marina Córdoba, querellante en la causa que se sigue contra el intendente de Vaqueros, Daniel Moreno, explicó que la fiscalía se basó en las pericias psicológicas, las testimoniales y otras pruebas para solicitar la elevación a juicio.

Marina Córdoba denunció a Moreno y a su asesor, Daniel Romero, quienes quedaron imputados por abuso sexual simple y abuso agravado respectivamente.

“El señor Moreno Ovalle está con la imputación de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual N°3. Actualmente se encuentra la UDIS, ya presentó el requerimiento de la causa a juicio y nos están corriendo los plazos para presentar la acusación por abuso sexual”, dijo, y aclaró que la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género que también actúa sobre una denuncia por abuso de autoridad laboral, al ser entrevistada por el periodista Héctor Alí.

Cabe recordar que una vez conocidas las imputaciones en contra de Moreno y Romero, Córdoba fue cesanteada de la Municipalidad de Vaqueros, tras 13 años de trabajo.

Neme Scheij agregó que en la Fiscalía contra la Integridad Sexual N°1 aún se investiga la denuncia contra Daniel Romero.

“La causa más avanzada se encuentra en la UDIS 3, donde actualmente nos están corriendo los plazos para nuestra acusación”, sostuvo.

Explicó que la fiscal María Luján Sodero se basó en las pericias psicológicas, testimoniales y otras pruebas para solicitar el requerimiento del juicio. “No puedo dar más información hasta que yo no presente mi fundamentación ante el juzgado porque sería adelantar criterios respecto a algo muy delicado para mi asistida”, dijo.

Por otro lado, Córdoba contó que la primera situación de acoso provino de un cuñado de Moreno, quien estaba a cargo del área de Obras Públicas.

“Le mostré mensajes al intendente Moreno y al secretario de Gobierno y pedí licencia porque mi padre estaba enfermo. Cuando regresé ya estaba desvinculada de Obras Públicas. Estaba por todas las áreas sin asignación de tareas. Después me separó de todo lo que es la Municipalidad y me mandó a una oficina que se encuentra en la bajada del colegio San Cayetano por ocho años”, detalló.

Entre sollozos y muy abrumada, sostuvo que el requerimiento de elevación a juicio fue un alivio, pues podría soportar vivir entre piropos, “pero no cuando van contra tu físico”.

“Si estas personas me dieron la oportunidad de trabajo, ¿qué les pasó?”, expresó.

Por último, contó que, al no ceder antes las invitaciones reiteradas, los funcionarios comenzaron a degradar su trabajo, entre otras situaciones.