La disolución de Vialidad Nacional genera incertidumbre en 176 familias salteñas

La publicación del decreto presidencial 461/2024 que dispone la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad encendió alarmas en todo el país y particularmente en Salta, donde 176 familias dependen de los empleos vinculados a la actividad vial.
La norma firmada por el presidente Javier Milei implica el cierre definitivo del organismo, sin contemplar su reestructuración ni continuidad de funciones. “No es una novedad para nosotros porque sabíamos desde la campaña que venía la destrucción del Estado desde adentro. Pero fue un golpe duro ver la palabra ‘disolución’ de forma tan clara”, advirtió Verónica Berlasso, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la Red Argentina, en diálogo con FM Profesional. La dirigente gremial explicó que el impacto es doble: por un lado, la posible pérdida de miles de fuentes de trabajo; y por otro, el riesgo de un vaciamiento patrimonial del Estado nacional. “Tenemos terrenos, sedes, campamentos y subcampamentos en todo el país. En Salta, por ejemplo, están la sede del 5to Distrito y campamentos en Pichanal, Cafayate, Metán y Quebrachal. Nadie sabe qué va a pasar con todo eso”, planteó. El decreto establece que las pertenencias de Vialidad pasarán a la Tesorería General de la Nación, sin especificar su destino posterior.
“Ellos pueden darle el uso que quieran, y no habrá manera de controlar qué se hace con los bienes públicos”, advirtió Berlasso, al tiempo que denunció la absoluta falta de información por parte de las autoridades nacionales y regionales. “Ni el jefe de distrito en Salta ni el administrador general en Buenos Aires tienen respuestas. Ayer se hizo un Zoom para comunicarnos algo y lo único que se hizo fue leer dos párrafos del decreto. Nos pidieron que no preguntemos sobre el futuro laboral, porque ellos tampoco lo saben”, relató. A nivel nacional, más de 5.100 agentes quedarían en la incertidumbre, aunque el Gobierno anticipó bajas por jubilación y despidos de trabajadores con sumarios, lo que implicaría al menos 600 cesantías inmediatas. Ante esta situación, el sindicato vial comenzó a coordinar medidas con otros gremios estatales. “Estamos en el plenario de secretarios generales en la CGT, junto a las 62 organizaciones sindicales.
Evaluamos medidas conjuntas con el INTA y las universidades”, adelantó la referente sindical.