La estrategia legal del gobierno para no acatar el fallo de la Corte por la Coparticipación
El Gobierno ya trabaja en la estrategia legal para presentar el pedido de revocatoria “in extremis” de la cautelar dictada por la Corte Suprema y que repuso parte de los fondos de la coparticipación a la Ciudad.
Alberto Fernández trabaja con su equipo con la mira puesta en el próximo miércoles, cuando vencen los plazos para presentar la apelación.
Según se supo sus argumentos, se apoyarán principalmente, en que ya hay una ley de Presupuesto dictada por el Congreso que fija la asignación de recursos para 2023. Y que no se puede, a esta altura del año, modificar esa distribución, dado que el aumento de fondos de la coparticipación primaria que la Corte ordenó efectuarle a la administración de Horacio Rodríguez Larreta va en detrimento de otras inversiones públicas pautadas.
De ahí que en la Casa Rosada repiten, sin cesar, que el fallo es "de imposible cumplimiento".
La estrategia se basa en las leyes 23.982 y 11.672 que, siempre según la interpretación que hacen en la Casa Rosada, dicen que las sentencias que determinan pagos con fondos públicos deben ser contempladas por el Congreso y previstas en el Presupuesto Nacional.
La última de esas normas fija que "en el caso que el Presupuesto correspondiente al ejercicio financiero en que la condena deba ser atendida carezca de crédito presupuestario suficiente para satisfacerla, el Poder Ejecutivo deberá efectuar las previsiones necesarias a fin de su inclusión en el ejercicio siguiente".
En la presentación ante la Corte, además del propio Fernández -que supervisa con su mirada legal- debe trabajar la Procuración del Tesoro Nacional, cuyo responsable máximo es Carlos Zannini, espada jurídica de Cristina Kirchner en el gobierno nacional.
Zannini es el funcionario que debe presentar el escrito ante el máximo tribunal, al cuarto piso de Talcahuano al 500. El vicejefe de gabinete, Juan Manuel Olmos, y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra -guardiana jurídica del Presidente- tuvieron un rol de apoyo al jefe de Estado en la estrategia legal que llevará el Gobierno.
Los plazos
Según los plazos legales, el Gobierno tiene tres días hábiles para presentar el pedido de revocatoria "in extremis" de la resolución cautelar dictada por la Corte, que aumentó la coparticipación para la Ciudad del 2,32 al 2,95%.
El Poder Ejecutivo fue notificado el miércoles pasado por lo que -dado que el viernes hubo asueto administrativo- el plazo vencería en las primeras dos horas de tribunales del miércoles próximo.
Fernández, acusado de "sedición"
El presidente argentino, Alberto Fernández, fue acusado por la oposición que ayer presentó una denuncia por "sedición" y "traición a la patria", luego de que el mandatario se negara acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Argentina que lo obligaba a restituir fondos a Buenos Aires.
La líder de Propuesta Republicana (PRO), la principal facción opositora, Patricia Bullrich, anunció que presentará la denuncia hoy lunes.
En la misma se incluye la demanda al jefe de Estado y a otros 18 gobernadores provinciales del país que apoyaron la decisión de Fernández.
El viernes pasado, el presidente Fernández ya había sido denunciado por la ex diputada y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió.