La ex senadora Sonia Escudero denuncia tráfico de influencias y amedrentamiento

Tras la publicación del libro “Víctimas de la Justicia patriarcal. El caso de Salta” en 2.021 y de una serie de críticas ejercidas en algunas columnas radiales y artículos periodísticos, el juez Luciano Martini  denunció a su autora, la ex senadora nacional y abogada Sonia Margarita Escudero, quien apuntó al accionar jurídico (o la falta de él) en el resonado crimen de las turistas francesas.

A nueve años de este juicio, Escudero no sólo reafirma la veracidad de su obra sino que además solicita a la Corte garantías de una legítima defensa frente a lo que considera una persecución en su contra.

Así lo confirmó a Nuevo Diario, Sonia Escudero quien aseguró que la causa en su contra “es un intento de silenciar la libertad de expresión“. En ese sentido detalló las recusaciones que oportunamente planteó y el contexto social, exponiendo una serie de vinculaciones y parentescos de este magistrado: “al iniciar la acción penal, todos los jueces del ámbito penal, obviamente están muy vinculados con él”, sostuvo y agregó: “es por eso que he tenido que llegar hasta la Corte de Salta para pedirle que garantice mi derecho a ser juzgada con jueces imparciales y que garantice mi derecho de defensa que no es otra cosa que presentarme y ofrecer todas las pruebas que hacen a mi derecho”.

La referente política hizo hincapié  en “la influencia que tiene el juez que me ha denunciado” (por Luciano Martini), razón por la cual adelantó que solicitará que la actuación de la Corte actúe en pleno (es decir los nueve jueces) y no en Salas explicó y detalló el insólito argumento que le imposibilita presentar la prueba está vinculado con la voluminosidad de las mismas que no pueden ser cargados en la plataforma digital: “me ha colocado en un estado de indefensión y es lo que pido, que se revise en la Corte”

Una mujer que “se atreve a criticar” a los jueces y una herida abierta tras el asesinato de las turistas francesas

Consultada por su parecer sobre una persecución a su persona por cuestiones de género, la referente histórica de la política sostuvo a este medio, que se trata de “ un amedrentamiento, de cómo una mujer se atreve a criticar a los jueces”.

En ese sentido, Escudero aseguró que tiene “todas las pruebas” en el caso de las turistas francesas  y de conformidad al trabajo realizado en su publicación, para asegurar que Santos Clemente Vera “ha sido condenado a prisión perpetua siendo inocente, sin pruebas y con avasallamiento de todas sus garantías constitucionales”.

En ese aspecto, Escudero también apuntó a la sensibilidad que genera el caso de las turistas francesas en la ciudadanía salteña “creo que marcó un antes y un después y es una herida profunda que todavía existe”. Además la letrada denunció “una cierta protección de algunos jueces para ciertos policías que cometen delitos”, en referencia directa al comisario Mamaní quien fuera encontrado oportunamente en JV González armando una causa en contra un joven y que fuera el mismo que plantara un arma y balas en el caso de las turistas francesas para incriminar a Vilte Laxi. 

“La violencia empieza con la invisibilidad”

“El tema de violencia de género es prioritario y sucede en todos los niveles” dijo y expuso que “la violencia empieza con la invisibilidad, con ignorar a la mujer con tratar de que no ingrese a posiciones de poder” y ejemplificó el caso del Senado de la provincia: “donde tiene 22 senadores y 1 sola mujer y eso es un acto de violencia y gran discriminación, por eso, cosas que parecen pequeñas terminan naturalizando la exclusión de las mujeres y termina en actos de violencia física en donde la peor de las expresiones son los femicidios”, advirtió.

Otra de las críticas que Escudero asegura le valieron esta persecución tiene que ver con que “fui muy crítica con los jueces que intentaron cambiar la constitución en su beneficio”, sostuvo y recordó en ese sentido que el propio Dr. Martini, quien hoy querella en contra de la ex legisladora fue el primer presidente de la Asociación de Jueces en Salta “que se constituyó para tratar de cambiar la Constitución provincial, usurpando funciones de la Convención Provincial Constituyente, violando la democracia”.