La Justicia depuró 2.150 electores del padrón inflado de Aguas Blancas
La Justicia Federal ordenó la depuración del padrón electoral en Aguas Blancas tras detectar irregularidades en los domicilios.
Más de 2.000 personas fueron excluidas del padrón electoral en la localidad fronteriza de Aguas Blancas, en la provincia de Salta, luego de que la Justicia Federal detectara graves inconsistencias vinculadas a la residencia real de los electores.
La medida fue dispuesta por el Juzgado Federal de Salta, que resolvió eliminar a 2.150 votantes tras comprobar que no vivían efectivamente en la localidad. La situación quedó en evidencia al contrastar los datos del padrón con los resultados del Censo Nacional 2022: mientras este último registró 3.648 habitantes, el listado electoral superaba los 5.000 inscriptos.
Según se informó, una parte significativa de los registros presentaba domicilios imprecisos o incompletos, consignados como “sin calle” o “s/n”, lo que encendió las alertas sobre posibles maniobras irregulares. Ante este escenario, la Justicia ordenó una depuración preventiva del padrón con el objetivo de preservar la integridad del proceso electoral.
Entre las medidas adoptadas se encuentra la exclusión de aquellos electores cuya residencia no pudo ser debidamente acreditada, la implementación de sistemas de identificación biométrica mediante huellas dactilares para futuras elecciones y el refuerzo de los controles en zonas fronterizas, consideradas de especial sensibilidad.
Cabe destacar que el juez Julio Bavio ordenó, en los casos sospechados, que las personas señaladas puedan ratificar sus datos para evitar ser eliminadas del padrón. Para ello, se colgó una lista de los electores observados en las puertas de la Municipalidad, indicando los pasos a seguir para confirmar su residencia.
Las sospechas se profundizaron tras las elecciones provinciales celebradas en mayo de 2025, cuando la participación en Aguas Blancas fue de apenas el 24,64%, uno de los niveles más bajos registrados.
Desde el ámbito judicial señalaron que las decisiones adoptadas buscan garantizar la transparencia electoral y prevenir eventuales fraudes, en un distrito que, por su ubicación geográfica, presenta desafíos particulares en materia de control y fiscalización.
Un padrón imposible de justificar en una ciudad de frontera
La depuración judicial dejó expuesta una anomalía en Aguas Blancas: la desproporción entre la población real y la cantidad de electores habilitados. Con poco más de 3.600 habitantes según el último censo, el distrito llegó a registrar más de 5.700 personas en condiciones de votar, un dato que, para las autoridades locales, no admite explicaciones administrativas simples.
La baja participación electoral registrada en mayo pasado terminó de confirmar que algo no cerraba. Menos de uno de cada cuatro electores concurrió a las urnas, un comportamiento atípico incluso para distritos con altos niveles de conflictividad social o desinterés político. Ese dato fue clave para que la Justicia avanzara con una revisión integral del padrón.
Registro Civil, RENAPER o Migraciones: las alternativas por donde percoló el padrón trucho
El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, valoró la decisión judicial, pero advirtió que la exclusión de más de 2.000 personas no resuelve el problema de fondo si no se investiga cómo se habilitaron esos registros. Para el funcionario, el foco ahora debe estar puesto en el circuito que permitió inflar el padrón y en las responsabilidades institucionales que lo hicieron posible.
En diálogo con el programa “Vale Todo” por Aries, Zigarán fue categórico: “Un pueblo de 4.000 habitantes no puede tener esa cantidad de electores”. Si bien destacó el trabajo del Juzgado Federal, sostuvo que la depuración es apenas el primer paso y que resulta imprescindible reconstruir el modus operandi que permitió incorporar votantes sin residencia real en la localidad.
En ese sentido, planteó que la investigación deberá determinar si las irregularidades se originaron en el Registro Civil, el RENAPER o el área de Migraciones. “Alguien habilitó esos documentos, alguien cargó esos domicilios y alguien miró para otro lado”, remarcó. Para Zigarán, no se trata solo de una maniobra electoral: “Acá hubo un beneficio claro, no solo votar, sino acceder a todos los derechos de ser argentino”.
Un problema que desnudó a Aguas Blancas
Desde la intervención municipal advierten que el caso de Aguas Blancas no es aislado, sino la expresión más visible de una problemática extendida en el norte provincial. La condición fronteriza, la porosidad territorial y la falta de controles sostenidos generan un escenario propicio para irregularidades que, en otros distritos, pasan más desapercibidas.
Sin embargo, la magnitud del desfasaje entre población y electores convirtió a Aguas Blancas en un caso testigo. “La depuración es un paso importante, pero si no se investiga quién lo permitió, el problema puede repetirse”, insistió Zigarán.
Críticas a Nación y a la política fronteriza
En paralelo, el interventor volvió a cuestionar con dureza al Estado nacional por la falta de una política sostenida en la frontera con Bolivia. “Nación siempre abandona la frontera norte”, afirmó, y apuntó contra un enfoque centralista que, según sostuvo, privilegia la agenda internacional con Estados Unidos o Europa y desatiende los conflictos cotidianos con los países limítrofes.
Zigarán señaló que la gestión fronteriza se convierte así en una “pelea permanente” de las provincias del norte para lograr atención y recursos. En ese marco, diferenció el rol operativo de fuerzas federales como Prefectura —cuya presencia en la zona de Bermejo permitió reducir delitos entre un 80% y 90%— del funcionamiento de otros organismos nacionales.
En particular, cuestionó a la Dirección Nacional de Áreas de Frontera e Hidrovías a cargo de Virginia Cornejo. “Existe en los papeles, pero no en el territorio”, disparó, al relatar que desde Aguas Blancas se envían notas formales sin obtener respuestas ni referencias concretas sobre dónde funciona el organismo.
Si bien, la decisión de la Justicia Federal marca un punto de inflexión, pero deja abiertos interrogantes clave: quién habilitó los registros irregulares, durante cuánto tiempo operó el mecanismo y qué controles fallaron.