La justicia frena la reforma que alteraba la estructura del INTI
A partir de una cautelar presentada por ATE, la magistrada Martina Forns dictó una medida que frena el decreto 462/2025. Durante seis meses el INTI conservará su estructura y funciones vigentes.
La Justicia Federal ordenó al Estado suspender los cambios en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) por seis meses. Lo hizo tras aceptar una medida cautelar presentada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
Mediante el decreto 462/2025, firmado a principios de julio, el Ejecutivo buscaba transformar al INTI en una unidad dentro de la Secretaría de Industria y Comercio. Asimismo, pretendía que sus ingresos se transfieran al Tesoro Nacional. También se tenía prevista la reducción de la estructura administrativa y el vaciamiento de su autonomía.
La jueza Martina Isabel Forns consideró que existían “circunstancias graves” que justificaban una medida de no innovar. Por eso prohibió cualquier acto administrativo que derive del decreto. Esto incluye traslados, reubicaciones, suspensiones, cesantías, pases a disponibilidad o eliminación de estructuras vinculadas al instituto.
En su presentación, ATE solicitó que se declare inconstitucional la norma. Argumentó que el decreto vulneraba los principios de legalidad, división de poderes, reserva de ley, libertad sindical y estabilidad del empleo público. Además, consideró que la reforma representaba una desviación de poder orientada a disolver el INTI y vaciarlo operativamente.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, celebró la resolución y ratificó su rechazo al plan estatal. Desde su cuenta en X sostuvo que “la Justicia volvió a dar la razón a ATE y frena el cierre del INTI”. También apuntó contra funcionarios oficiales por intentar implementar los cambios sin respaldo legal ni institucional.
El gobierno había defendido la reforma alegando que el instituto presentaba una estructura sobredimensionada. Según sus argumentos, muchas áreas eran superfluas y se entorpecía el desarrollo productivo. Incluso adujeron que parte del presupuesto estaba destinado a funciones administrativas innecesarias.
La medida judicial representa un nuevo revés para la gestión. No es el primer decreto suspendido por la Justicia. Casos similares incluyen la intervención de otros entes como Vialidad Nacional, también frenada cautelarmente.
El fallo obliga al Ejecutivo a mantener el statu quo durante medio año. En ese período no podrá ejecutar la reforma del INTI ni avanzar con acciones estructurales. Tampoco podrá derivar sus ingresos al Tesoro ni suprimir oficinas en las provincias.
Fuente: Infobae