La Justicia ordenó el decomiso anticipado de vehículos vinculados al “Clan Liquitay”
A pedido del Ministerio Público Fiscal, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta ordenó el decomiso anticipado —sin necesidad de condena penal— de cuatro vehículos pertenecientes a Maximiliano Ariel Liquitay, actualmente prófugo y con orden de captura nacional e internacional.
La medida se enmarca en una causa por lavado de dinero proveniente del narcotráfico, atribuido a la organización criminal conocida como el “Clan Liquitay”, con operaciones en el Noroeste Argentino.
La decisión fue tomada durante una audiencia de impugnación, en respuesta parcial a la solicitud presentada por distintas áreas del MPF: el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Jujuy, encabezada por el fiscal Federico Zurueta; la Procuraduría de Narcocriminalidad Regional NOA (PROCUNAR), con la participación del auxiliar fiscal Jorge Viltes Monier; la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI); y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB).
Lo decomisado
Los bienes decomisados —dos automóviles y dos camiones— habían sido secuestrados en enero de 2024 durante allanamientos realizados en domicilios de Palpalá y San Salvador de Jujuy.
Según la investigación, estos vehículos fueron adquiridos y mantenidos con dinero proveniente de la venta de más de 11.600 kilogramos de cocaína incautados en 2019, sin que existan ingresos lícitos que respalden su titularidad.
El decomiso se justifica, además, en la situación procesal de Maximiliano Liquitay, quien se encuentra prófugo desde el 12 de enero, lo que impide avanzar en un proceso penal ordinario.
Ante ese escenario, la medida busca impedir que los bienes continúen siendo utilizados para financiar actividades ilícitas y garantizar su disponibilidad para un eventual destino estatal.
El fundamento legal se apoya en los artículos 305 y 23 del Código Penal, y el artículo 310 del Código Procesal Penal Federal, que permiten el decomiso anticipado de bienes vinculados a delitos graves como el narcotráfico y el lavado de activos, siempre que existan indicios sólidos de su origen ilícito.
Desde el Ministerio Público Fiscal se remarcó que este tipo de decomiso tiene carácter real y no penal, es decir, recae sobre los bienes en sí y no sobre la persona.
Su objetivo es restaurar el orden jurídico perturbado por la existencia de patrimonios ilegítimos, más que castigar penalmente una conducta.
Los investigados delinquían desde la década del 70
El Clan Liquitay: tres generaciones al servicio del narcotráfico
La organización fue fundada por Alberto Estanislao Liquitay, condenado en 2020 y ya fallecido; ha estado activa desde fines de la década del ’70 en Jujuy y Salta. Según lo expuesto por el MPF en una audiencia de enero de 2024, actualmente está integrada por al menos tres generaciones familiares dedicadas al tráfico de estupefacientes y al lavado de dinero.
La droga era obtenida en zonas fronterizas cercanas a La Quiaca y trasladada a San Salvador de Jujuy.
Desde allí, se la acondicionaba para su posterior envío a Salta, Tucumán, Córdoba, Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires, tanto en vehículos como mediante encomiendas.
Todos fueron investigados por su intervención en dos traslados de más de 450 kilos de cocaína, ocurridos en noviembre de 2023, en el sur de Salta, y en enero 2024 pasado, a la altura de la finca El Pongo, en la provincia de Jujuy.
Investigación conjunta
La investigación fue conjunta entre los titulares de las Áreas de Casos Complejos de las Unidades Fiscales de Jujuy y Salta, Federico Zurueta y Ricardo Toranzos, y de la Procuraduría de Narcocriminalidad, Diego Iglesias, junto al responsable de la región NOA de esa área, Eduardo Villalba, y al fiscal de feria, Carlos Amad Martín, en una serie de allanamientos que derivaron en la detención de los hermanastros Abel Liquitay y David Liquitay Choque, quienes están señalados como los líderes actuales del clan de “Los Liquitay”. En dicho marco, las juezas federales de Garantías -en feria- de Salta y Jujuy, Mariela Giménez y Carina Gregoraschuk, respectivamente, formalizaron la acusación penal contra ambos y dictaron su prisión preventiva por el delito de transporte de estupefacientes y lavado de activos provenientes del narcotráfico agravado por su habitualidad y por ser cometido por un grupo organizado, también contra Darío Giménez y Daniel Suárez.