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La Justicia ordenó reabrir las ferias de La Salada bajo control fiscal y bancarizado

El juez federal Luis Armella levantó la clausura de Punta Mogote, Ocean y Urkupiña. La fiscalía deberá definir cuándo y cómo reabrirán.

El juez federal Luis Armella resolvió este viernes levantar la clausura de las tres ferias del complejo La Salada —Punta Mogote, Ocean y Urkupiña—, aunque bajo estrictas condiciones de control y fiscalización. La medida se tomó en el marco de una causa que investiga una red de lavado de dinero, asociación ilícita y evasión fiscal.

La fiscal Cecilia Incardona, a cargo de la investigación desde hace dos años, deberá definir la fecha y modalidad de la reapertura. El fallo establece que todas las operaciones comerciales deberán realizarse de forma bancarizada, y que la feria contará con fiscalizadores permanentes de ARCA (ex AFIP) y del Ministerio de Trabajo. Además, intervendrá un funcionario designado por la Corte Suprema para supervisar el funcionamiento del predio.

Reapertura bajo condiciones

Incardona había solicitado reabrir la feria Urkupiña, con un plan que garantice el blanqueo generalizado de la actividad. Entre los requisitos exigidos se incluyen:

  • Inspecciones rotativas y sorpresivas de los puestos de venta.
  • Fiscalización semanal del trabajo del interventor.
  • Registro de todos los comerciantes bajo la categoría fiscal correspondiente.
  • Control y exigencia de facturación de compra y venta.
  • Informes semanales al juzgado y a la fiscalía sobre cualquier irregularidad.

La feria, ubicada en Ingeniero Budge (Lomas de Zamora) y compuesta por más de 6.000 puestos, había sido clausurada el 22 de mayo tras una serie de allanamientos. Ese día fueron detenidos Jorge Castillo —conocido como “el Rey de La Salada”—, su histórico administrador Aldo Presa y varios colaboradores. Enrique Antequera, responsable de la feria Urkupiña, continúa prófugo.

Tras los operativos, los feriantes iniciaron protestas frente a la Municipalidad de Lomas de Zamora y la fiscalía. La presión derivó en la decisión judicial de este viernes.

Una investigación con escuchas y lujos

Durante más de un año, la Policía Federal interceptó llamadas de Jorge Castillo y su entorno familiar. Aunque se cuidaba al hablar, las conversaciones revelaron detalles de su patrimonio, operaciones inmobiliarias, compra de armas y viajes de lujo.

En una de las principales pruebas contra él, la fiscal Incardona documentó un viaje turístico que Castillo hizo con su esposa, sus cuatro hijos y su suegra entre diciembre de 2024 y enero de 2025 a Emiratos Árabes y Maldivas. El tour, según los investigadores, costó casi 85.000 dólares.

Las escuchas muestran cómo Natalia Luengo, esposa de Castillo y también detenida, organizó el viaje: “Uno dice que es caro, pero ¿qué es caro? Mirá: 12 días en Maldivas y 7 en Dubái con aéreo, 8.800 por persona. No es tan caro…”, le dice a su madre entre risas.

En otro tramo, Luengo explica que prefirió el viaje a la compra de una casa en Costa Esmeralda. “Ya que está… mandé a varias agencias”, comentó.

Las comunicaciones también expusieron ingresos y egresos de su casa en el country Haras Argentino Farm Club, contactos con inmobiliarias de Luján, movimientos de dinero y nombres que luego fueron investigados.

La causa sigue en curso, pero con esta medida judicial, las ferias podrán volver a operar. El desafío ahora estará en asegurar que cumplan con los controles exigidos y que el circuito comercial se encuadre en la legalidad.

Fuente: Infobae

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