La Justicia ratificó actuaciones fiscales por desmontes y obras en el río Blanco
El Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, tomó conocimiento de dos fallos recientes relacionados a obras y desmontes en el Río Blanco.
En ambos casos, la Justicia respaldó las actuaciones de fiscalías del norte provincial.
El primer fallo está relacionado con un desmonte ilegal de gran escala, en una causa involucra a Juan José Karlen y Daniel Darío Karlen.
Según el expediente, el desmonte abarcó unas 11 mil hectáreas. En 2017, los demandados asumieron un compromiso voluntario de recomposición ambiental, con un plan que debía ejecutarse en toda la finca durante 30 años. Además, incluía a puesteros y comunidades de la zona.
Sin embargo, ante el incumplimiento, la fiscal civil de Tartagal, Rosa Graciela Vélez Román, solicitó sanciones económicas. El Juzgado de Primera Instancia, a cargo de la jueza Viviana Yance, hizo lugar al pedido. Luego, los imputados intentaron anular la medida.
No obstante, tanto el juzgado como la Sala Segunda rechazaron ese planteo y así quedó firme la multa por incumplimiento.
El caso del terraplén
El segundo caso se vincula a un conflicto en el río Blanco a raíz de la construcción de un terraplén. La obra atraviesa el cauce y se utiliza para el manejo de aguas del río Pescado, y está asociada a actividades agrícolas en la zona.
La fiscal civil de Orán, Marcela de los Ángeles Fernández, intervino en el acuerdo con empresas involucradas, entre las que se encuentran Seabord Energía Renovable y Alimentos S.R.L., Los Dos Ríos S.A. y Tuma S.A.
El fallo judicial analizó el impacto ambiental de la obra, centrándose en garantizar el caudal ecológico de los ríos.
La jueza de primera instancia, María Eugenia Fernández de Ulivarri, estableció medidas precautorias y dispuso un caudal ecológico mínimo permanente para ambos ríos.
La decisión buscó evitar la interrupción del curso natural del agua, apoyándose en informes técnicos de organismos especializados.
Posteriormente, la Sala Cuarta de la Cámara Civil y Comercial confirmó la resolución, respaldando a la fiscalía norteña.