La “Ley Anti Fake News” fuera de la agenda prioritaria del Senado
El polémico proyecto conocido como “Ley Bozal” o Ley Anti Fake News, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, ya tuvo su ingreso formal en el Senado Provincial, donde podrá ser rechazado o tener su sanción definitiva. El senador Javier Mónico advirtió que la misma no va a estar en la agenda inmediata.
El proyecto se debatirá en el seno de la Comisión de Legislación General del Senado, órgano que preside el senador de Rosario de la Frontera, Javier Mónico.
En diálogo con Nuevo Diario Mónico remarcó hoy el proyecto “no es un asunto que deba estar en la agenda inmediata" teniendo en cuenta las expresiones del ministro de Gobierno, Ricardo Villada, donde advirtió que se vetaría la ley de salir aprobada.
“En lo personal, yo lo abordaría desde otro ángulo a este problema y me parece que es una competencia más del Congreso de la Nación que de la legislatura provincial", afirmó el senador.
Y prosiguió: "La acción que yo tomaría es regular un poco más lo que tienen que ver las redes sociales, exigiéndole a cada red social que tenga un procedimiento de verificación o autenticación de la identidad de cada uno de los usuarios. Y no estoy pensando solo en fake news, estoy pensando más en delitos como las ciberestafas, como la divulgación de material pornográfico, de redes de trata de personas y demás, que por allí a partir del anonimato que permiten algunas redes sociales, se le facilita su accionar”.
Asimismo, el senador expresó que en el país ya existe una doctrina que resguarda la libertad de expresión del periodismo; y expresó que cuando uno es víctima de fake news “no miras tanto a un periodista, miras más a la competencia política”.
El polémico proyecto aprobado por la Cámara de Diputados prevé una modificación al Código Contravencional, agregando un artículo que estipula sanciones que incluyen un arresto de hasta 25 días “al que creare o difundiere noticias falsas, sabiendo que lo son, dentro del espectro digital, con el fin de infundir pánico, desacreditar personas o autoridades oficiales o generar desórdenes o tumultos”.
El proyecto tuvo una “pantalla”, presentándose como la intención de incorporar al Código Contravencional sanciones para quienes incurran en violencia digital, puntualmente en la mal llamada “pornovenganza”; pero terminó tratando de legislar sobre la libertad de prensa, además de buscar un blindaje para los funcionarios provinciales.