El ex titular de la Dirección Nacional Antidrogas de Gendarmería, Jorge Javier Cabral, en diálogo con Nuevo Diario, señaló que “se observan indicios de ciertas mejoras en la vigilancia y control terrestre de la frontera en la zona norte.
Más allá de esas mejoras, es conveniente una mayor sinergia entre las instituciones que integran el esquema de seguridad de fronteras y dotarlo de los implementos tecnológicos necesarios”.
Desde una visión retrospectiva dice que se debe apreciar que se continúan utilizando los mismos parámetros para medir el rendimiento estatal en la lucha contra las drogas y otros delitos de la esfera del crimen organizado, como la cantidad de drogas decomisadas, efectos secuestrados, detenciones practicadas, cantidad de operativos, etc, sin considerar los elementos que son fundamentales en la actualidad para tener una apreciación general de la efectividad de esa lucha como lo son los montos financieros y bienes patrimoniales que son quitados a las organizaciones, como así también las sentencias dictadas por la justicia contra las mismas. Seguir evaluando con los mismos parámetros sería un grueso error, es fundamental llevar las mediciones a lo financiero y patrimonial para conocer la capacidad estatal para perjudicar el negocio ilícito de los narcos, lo que implicaría alguna reforma legislativa y potenciar el trabajo contra el lavado de activos procedente del crimen organizado.
Flujo de capitales
Al respecto es evidente que el eje del control del crimen organizado ya no se trata solamente de los operativos en el terreno sino, y sobre todo, en la investigación sobre el flujo de capitales económicos y desmantelamiento de operaciones financieras que sostienen a los delincuentes.
No obstante, las estadísticas de incautaciones de drogas conservan su importancia porque proporcionan datos fidedignos para la Inteligencia Criminal además de reflejar el trabajo antidrogas de las distintas Fuerzas permiten la elaboración de mapas dinámicos que ubican los pasos fronterizos y rutas utilizados por los narcos, optimizando el trabajo operativo y despliegue territorial de las distintas Fuerzas.
“De lo expresado, surge que el esfuerzo del estado para luchar contra el crimen organizado, opera de acuerdo con los recursos disponibles, obteniendo éxitos esporádicos, lo que resulta insuficiente para ir neutralizando el avance delincuencial que obtuvo mucha ventaja en los últimos años”, enfatizó Cabral.
Corrupción
Y en esos presupuestos que manejan las organizaciones narcos, permiten que la corrupción llegue a distintas áreas.
Un factor que tampoco puede ser olvidado en esta problemática es la corrupción. Alcanza a todos los poderes y se manifiesta de distintas formas. “La evidencia más significativa es el retroceso actual del país en los Indicadores de Transparencia Internacional, pero también son muy ilustrativos los casos de jueces, fiscales e integrantes de las Fuerzas de Seguridad y Policiales que resultan involucrados en casos del crimen organizado”, dijo Cabral.
Recordando, para finalizar el hecho muy trascendente y reciente, de la incautación de 420 kilogramos de cocaína que eran transportados por dos policías de Salta, en un móvil policial, en la Ruta Nacional 34, a la altura de la localidad de Aguaray.
Operativo escudo Norte
El Operativo Escudo Norte fue un plan del gobierno argentino para combatir el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando en el norte de Argentina.
Con el propósito de controlar los espacios aéreos, terrestres y fluviales de las provincias del norte argentino, las fuerzas de seguridad y armadas desplegaban sus aviones, helicópteros y radares. Fue creado en 2011 por el entonces gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, coordinándose con el Operativo Fortín iniciado en 2007.
La Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval, el Ejército y la Fuerza Aérea Argentina aportaban efectivos, equipos, radares, vehículos y aeronaves a la operación.
Si bien las Fuerzas Armadas podían informar cualquier ilícito que vieran, por la Ley de defensa interior no podían detener sospechosos ni derribar aviones.
En enero de 2016 el presidente Mauricio Macri habilitó a la Fuerza Aérea Argentina a intimidar, advertir y derribar aviones narco de ser necesario.
En 2018, se daba cuenta de la puesta en funciones de los radares RASIT del Ejército que se señalaba estaban ubicados en las provincias de Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones, cubriendo la frontera y las llamadas “avenidas de aproximación aéreas”. (Datos obtenidos de Wikipedia y Clarín).