La obligación de permanencia genera el descontento de los profesionales de la salud

Una de las medidas más polémicas del proyecto es la cláusula de permanencia, que penaliza económicamente a los residentes que decidan renunciar durante el programa. “Si alguien quisiera renunciar antes de completar la residencia, tendría que devolver el 100% de lo que ha percibido hasta ese momento. Es una medida coercitiva que nos deja sin opción y que limita nuestra libertad de decidir”, subrayó Braslavsky.

Algunos residentes han expresado que esta cláusula de permanencia genera un ambiente de trabajo poco saludable, pues muchos profesionales terminan en condiciones de estrés y sobrecarga. Además, dado que la residencia implica una 0carga laboral intensa, esta situación puede afectar la salud mental de los residentes y llevarlos a permanecer en situaciones insostenibles solo para evitar el alto costo de la penalización.

Cabe recordar que, desde el Colegio de Médicos de Salta, liderado por el Dr. Alberto Robredo, también expresaron oportunamente su rechazo al proyecto. En declaraciones previas a Nuevo Diario, Robredo calificó la medida como “altamente disuasiva” para quienes consideran una carrera en el sistema de residencias en Salta. “Es una imposición que no fue consensuada con los residentes ni con los instructores, quienes son fundamentales en la formación. Esto afectará no solo a los residentes actuales, sino que también reducirá la vocación médica y alejará a futuros profesionales del sistema de salud de la provincia”, declaró en ese momento el médico que propuso un sistema de rotaciones periódicas en el interior a lo largo de toda la residencia, permitiendo que los residentes se adapten a los contextos rurales gradualmente.

Impacto y la calidad de la formación

Braslavsky destacó que, más allá de los efectos directos en los residentes, el proyecto también afectaría negativamente a las comunidades. “Si cada vez menos profesionales eligen las residencias, muchas áreas quedarán sin cobertura. Además, al desdibujar los roles de los instructores y reducir el financiamiento, la calidad de la formación se verá comprometida. Ya no se asegurarán las condiciones necesarias para un proceso de aprendizaje adecuado”, comentó la licenciada en Trabajo Social.

Otro aspecto importante es que, al cambiar la relación contractual, se retira la figura de los instructores formales y se los reemplaza por colaboradores de servicio voluntarios. Esto, en palabras de Braslavsky, “desdibuja la calidad del proceso de aprendizaje y la responsabilidad de los formadores”.

Por lo pronto, y según información a la que pudo acceder este medio, este lunes se mantuvo una reunión entre el Ministro de Salud, Federico Mangione, la autora del proyecto, Laura Cartuccia, el senador de la Comisión de Salud Manuel Pailler y representantes de distintos colegios de profesionales de la provincia, para avanzar en posibles modificaciones a la letra del proyecto, cuya próxima instancia, luego de las comisiones, será su tratamiento en la Cámara de Senadores de la provincia.