La OEA denuncia el avance del autoritarismo en Nicaragua bajo el régimen de Ortega
La CIDH expone cómo el gobierno de Daniel Ortega ha implementado reformas constitucionales y leyes represivas para perpetuarse en el poder, suprimiendo la participación democrática y los derechos humanos en Nicaragua.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido un informe en el que denuncia que el expresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ejecuta un plan político deliberado para perpetuarse en el poder. Este plan tiene como objetivo eliminar a la oposición y cerrar todos los espacios sociales que exigen el fin de la dictadura sandinista.
Según la CIDH, el régimen ha instrumentalizado todo el aparato estatal para suprimir cualquier espacio de pluralismo, expresión, disenso y participación democrática.
Esto se ha logrado mediante la aprobación de nuevas leyes contrarias al derecho internacional de los derechos humanos y la criminalización de la población.
El informe destaca que el 22 de noviembre de 2024, la Asamblea Nacional, dominada por el Frente Sandinista, aprobó una reforma parcial a la Constitución Política de Nicaragua.
Esta reforma modificó más de 100 artículos del texto constitucional, estableciendo un modelo de “democracia directa” que centraliza el poder en la Presidencia de la República, ahora encabezada por un co-presidente y una co-presidenta con mandatos de seis años.
Entre los cambios más preocupantes, la reforma elimina el principio de separación de poderes, subordinando aún más los órganos legislativo, judicial y electoral al control del Ejecutivo.
Además, otorga facultades discrecionales al Poder Ejecutivo para destituir a personas que ocupan cargos públicos y que no se alineen con los “principios fundamentales” de la Constitución.
Represión sistemática
La CIDH también señala la persistencia de la represión y la instrumentalización del aparato estatal para suprimir cualquier espacio de disenso.
Desde 2018, el régimen ha llevado a cabo detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y privación de nacionalidad contra opositores, periodistas y representantes de la Iglesia Católica.
Estas acciones forman parte de una estrategia estatal sistemática y coordinada desde la cima del poder ejecutivo hasta estructuras locales, incluyendo a la Juventud Sandinista y fuerzas paramilitares ahora legalizadas con 76.800 integrantes.
Fuente: Infobae