La postulación de dos candidatos porteños y cuestionados como lo son Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para ocupar los cargos vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el espacio por donde trascienden los temas más delicados de todo un país suma otro capítulo al negacionismo sin límites del Gobierno Nacional liberal libertario en cuestiones vinculadas al género.
Esta situación requiere de una sensibilidad particular a la hora de analizar los casos, pero también de voces que hagan a la equidad entre hombres y mujeres, al sólo efecto de respetar, aunque sea, la distribución demográfica en el país.
Techo de cristal, brecha, igualdad y paridad fueron acaso los términos más usados y objeto de estudio durante los últimos años que hoy parecen tan lejanos para abordar la cuestión de género en el ámbito laboral, obteniendo en ese camino un sinceramiento puertas adentro de los espacios más encumbrados que finalmente arrojó que ese techo resulta intocable, la brecha es aún más amplia y las cuestiones de procura de equilibrio terminan siendo meras manifestaciones. Y la justicia no escapa a esos espacios.
Lo que queda hoy son dos candidatos hombres, blancos, porteños, uno de los cuales carga en su haber serias observaciones sobre la transparencia de su desempeño, mientras que el otro trae aparejado un peligroso retroceso en cuanto a los derechos ganados en las calles; y detrás las oposiciones y quejas de asociaciones, organizaciones, referentes, profesionales de la abogacía, políticos de todos los sectores, que encuentran oídos sordos al pedido de “que al menos una mujer” llegue a este espacio que a lo largo de la historia que en 161 años arrojó solamente tres Juezas de la Corte Suprema: Margarita Argúas fue la primera mujer argentina en ocupar un cargo en la Corte Suprema; fue entre 1970 y 1973, bajo el gobierno militar que encabezó Roberto Marcelo Levingston; Elena Highton de Nolasco (desde 2004) y Carmen Argibay (desde 2005) llegaron al máximo tribunal durante la gestión de Néstor Kirchner.
Las objeciones
La situación viene siendo denunciada desde que el presidente Milei postuló a Lijo y a García Mansilla por parte de diferentes organizaciones de mujeres en la Justicia, que expresaron su rechazo, como la Asociación de Mujeres Juezas y el Colectivo de Mujeres del Derecho, Católicas por el Derecho a decidir, entre otros espacios con los que Nuevo Diario tuvo oportunidad de escuchar y analizar sus objeciones. Así, advirtieron que la postulación va a contramano de los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional en Argentina, como la “Convención contra toda forma de discriminación contra la Mujer”, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, y la Convención Americana de Derechos Humanos. En esa misma línea remarcaron no considera el artículo 37 de la Constitución y el decreto 222/2003 sobre la designación de las y los ministros de la Corte, que en su artículo 3 establece que “al momento de la consideración de cada propuesta, se tenga presente, en la medida de lo posible, la composición general del Máximo Tribunal con el propósito de posibilitar que la inclusión de nuevos miembros permita reflejar las diversidades de género, especialidad y procedencia regional en el marco del ideal de representación de un país federal”.
La deuda de una reforma judicial feminista
El movimiento feminista ha sido claro en su demanda de una reforma judicial que incorpore de manera transversal la perspectiva de género, atendiendo otra cuestión fundamental, y es que ser juezas mujeres tampoco garantizan la formación en perspectiva de género. No obstante, la paridad en la Corte Suprema sería solo el primer paso hacia un sistema de justicia más inclusivo y representativo. Sin embargo, esta reforma parece lejana mientras el debate siga centrado en postulaciones que ignoran las demandas sociales y atienden los intereses de contar con “operadores judiciales” en los altos estrados.
Las organizaciones de la sociedad civil han presentado impugnaciones a las candidaturas de Lijo y García Mansilla, argumentando que su falta de idoneidad y la exclusión de mujeres en el tribunal van en contra de los compromisos internacionales de Argentina en materia de igualdad de género. El Senado tiene ahora la responsabilidad de decidir si acepta o rechaza estas propuestas, en un contexto en el que la legitimidad y el impacto de las decisiones de la Corte están bajo la lupa.
El gobierno de Javier Milei ha dejado claro que no considera que exista una obligación de respetar la paridad de género en la conformación de la Corte Suprema. Para las autoridades, los planteos sobre la inclusión de mujeres en el tribunal forman parte de una “discusión social” que no debería interferir con los criterios profesionales y técnicos que supuestamente sustentan las candidaturas de Lijo y García Mansilla. No obstante, esta postura ha sido duramente criticada por sectores que consideran que la paridad de género no es solo una cuestión de cupos, sino una necesidad para garantizar una justicia más equitativa y representativa.