La prórroga de intervención de Aguas Blancas tiene media sanción de Diputados

La Cámara de Diputados de Salta aprobó este martes la prórroga de la intervención del municipio de Aguas Blancas hasta el 10 de diciembre de 2027. La medida, impulsada por el Ejecutivo provincial, obtuvo media sanción y ahora será tratada en el Senado.
El debate estuvo marcado por argumentos a favor y en contra, centrados en la persistencia de las irregularidades, la necesidad de depurar los padrones electorales y la constitucionalidad de extender la intervención.
Los argumentos a favor de la prórroga
Desde el oficialismo, la diputada Socorro Villamayor defendió la medida argumentando que las causas que llevaron a la intervención continúan vigentes. “La gravedad institucional que amerita una intervención no se circunscribe a un hecho aislado. En Aguas Blancas, los problemas persisten, aunque en menor medida”, afirmó.
Uno de los puntos centrales de la discusión fue la irregularidad en los padrones electorales. Villamayor citó informes que indican la presencia de votantes no residentes en Aguas Blancas, lo que podría generar fraude electoral. “No tener un padrón depurado puede afectar la autodeterminación del pueblo”, sostuvo.
En la misma línea, Luis Mendaña destacó la complejidad de la situación fronteriza y su relación con el narcotráfico, señalando que “no se pueden subsanar años de irregularidades de un día para otro”.
Germán Rallé, por su parte, justificó la extensión afirmando que el proceso de normalización aún no concluye y que la situación requiere mayor estabilidad institucional. En tanto, Laura Cartuccia pidió prudencia en los cuestionamientos y defendió la gestión del actual interventor Adrián Zigaran, asegurando que cumple su función y que las denuncias deben realizarse en los ámbitos correspondientes, ello en respuesta a algunos de los razonamientos sobre los motivos de la prórroga de la intervención del municipio norteño.
Las fuertes críticas a la prórroga
Desde la oposición, el diputado Roque Cornejo Avellaneda calificó la medida como inconstitucional. “Si hay voluntad de normalizar la situación, pueden unificarse las elecciones nacionales y provinciales. Constitucionalmente no podemos seguir posponiendo una intervención”, enfatizó.
La diputada Cristina Miller fue más allá y sostuvo que la extensión de la intervención busca favorecer a aliados políticos del gobernador. “No podemos favorecer a los amigos del gobernador. Zigaran no tiene la capacidad para ocupar un cargo político”, afirmó. Además, planteó dudas sobre el control de los fondos enviados al municipio.
En esa misma línea y al momento de su alocución, Griselda Galleguillos cuestionó: “¿Quién controla a Zigaran? ¿Quiénes controlan los fondos que se mandan a esos municipios? Lo más propicio hubiese sido llamar a elecciones”. Por su parte, Durand Cornejo consideró una “falta de respeto” a los habitantes de Aguas Blancas justificar la prórroga con la necesidad de depurar el padrón. “Hay que abandonar la hipocresía”, remarcó.
Denuncias sobre el padrón electoral
Uno de los puntos más controversiales de la sesión fue la denuncia sobre las inconsistencias en los padrones electorales de Aguas Blancas. Legisladores de distintos bloques señalaron que existen registros de votantes que no residen en la localidad, lo que podría afectar la transparencia de futuros comicios. Mientras que el oficialismo consideró esto un argumento válido para la prórroga de la intervención, la oposición argumentó que este problema debería resolverse con mecanismos institucionales sin prolongar el gobierno de un interventor designado.
Además, se dejó planteada en el recinto la presentación de un proyecto para la revisión de padrones en municipios limítrofes con otros países o provincias.
El futuro de la intervención
Con la media sanción en Diputados, el proyecto ahora pasará al Senado provincial, donde se definirá si la intervención se mantiene hasta 2027. El debate continuará con posiciones irreconciliables sobre la necesidad de prolongar una medida excepcional y los riesgos de perpetuar el control del municipio sin elecciones democráticas.