La Red PAR expuso sobre la situación de los medios de comunicación en Salta
En el marco de la serie de audiencias que organiza la Defensoría del Público, la comunicadora salteña y referente de la Red PAR, Maru Rocha Alfaro, expuso sobre la situación de los medios en la provincia de Salta.
En diálogo con Nuevo Diario, Rocha Alfaro relató que, junto a la mesa virtual de exposiciones de este miércoles, se encontraba el periodista Jorge Lanata, quien abogó por la Ley de Pauta. Asimismo, precisó detalles del relevamiento realizado por la Red PAR de la situación de los trabajadores y trabajadoras de Radio Nacional, TELAM, la corresponsabilidad de TELAM, y la situación del Tribuno, entre los principales tópicos.
En el documento discutido, expusieron el caso de Salta, donde el diario de mayor tirada provincial, El Tribuno, de la familia del senador Juan Carlos Romero, pretende desvincular a 27 trabajadores en un “Proceso Preventivo de Crisis” objetado por el Sindicato de Prensa local por incumpliendo de la Ley de Contrato de Trabajo, en particular el art. 247. El Sindicato advierte que es una metodología sistemática de El Tribuno, desvincular trabajadores y trabajadoras de mayor antigüedad pagándoles menos, en el marco de un “Proceso Preventivo de Crisis” inexistente.
Radio Nacional Salta está acéfala, la dirección estaba a cargo de una periodista con perspectiva de género y diversidad; esta situación impacta en los contenidos, en las condiciones de trabajo (por ejemplo, no se garantiza la ART en las coberturas periodísticas, y falta de personal en la operación técnica). La posible situación de privatización de RTA genera incertidumbre en la corresponsalía de Télam en Salta, el personal -una periodista y un fotógrafo- están “dispensados” desde el 4 de marzo, frente a una propuesta de retiro voluntario que cierra este viernes 17 de mayo; bajo presión de despido si no acceden al retiro.
Además
Rocha Alfaro expuso la situación de Radio Universitaria, Radio UNSa, con 34 años de trabajo, que no escapa al desfinanciamiento de las universidades nacionales, depende del presupuesto de la Secretaría de Extensión de la Universidad. “Estas situaciones lesionan el derecho a la comunicación de la ciudadanía, que tiene cada vez más restringido el acceso a voces diversas y tratamiento de problemáticas y manifestaciones culturales vinculadas a las comunidades locales”. Asimismo, rechazaron su preocupación por las prácticas sistemáticas de desinformación y tergiversación de la información, que surgen desde integrantes y simpatizantes del partido gobernante y son incluso alentadas por la propia figura del Presidente de la Nación.