La Unidad Piquetera arrancó un acampe de 24 horas en la Plaza 9 de Julio
En el marco de una jornada nacional, dirigentes de la Unidad Piquetera encabezan un acampe en Plaza 9 de Julio junto alrededor de 4.000 personas de 11 diferentes movimientos sociales. Los manifestantes apuntan a Nación y a Provincia por la asistencia a comedores y merenderos.
En diálogo con Nuevo Diario, Gabriela Cerrano, dirigente del Partido Obrero de Salta sostuvo que exigen al Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, que conduce Silvina Vargas, que los asista con mercadería para sus merenderos y comedores, aludiendo que tienen más de 50 y que solo son asistidos en 1.
“Muchos de nuestros merenderos asisten a gente muy vulnerable del interior, el ministerio sabe la situación porque muchas veces nos mandaron a las asistentes sociales, sin embargo, nunca nos solucionan el tema de la mercadería”, sostuvo Cerrano.
El pliego de reclamo de los piqueteros incluye que se genere trabajo genuino, asistencia a los comedores populares, aumento de emergencia del salario mínimo vital y móvil, apertura de los programas sociales para todos aquellos que los necesiten y herramientas y asistencia para los proyectos productivo.
El reclamo de trabajo genuino de Unidad Piquetera se basa en que habrían presentado un padrón de 100.000 personas capacitadas en oficios al ministerio nacional, que encabeza Juan Zabaleta, con el compromiso de la contención laboral de esa gente, hecho que nunca se logró.
Además, existía un compromiso de Zabaleta de mejorar los alimentos que desde Nación se distribuyen en el marco de los programas de asistencia alimentaria para merenderos, hecho que también nunca se cumplió.
“En septiembre recibimos 17 mil paquetes de arvejas secas, no nos sirven para nada”, explicó la dirigente de izquierda sobre los insumos que reciben.
Por último la ex senadora sostuvo que buscan con esta protesta que Nación vuelva a generar altas en el programa Potenciar Trabajo, que por decisión política nacional, la incorporación de nuevos beneficiarios se encuentra suspendida en el marco de los acuerdos económicos que tiene el país para reducir el déficit fiscal con el Fondo Monetario Internacional.