Levín afrontará otro juicio oral acusado de crímenes de lesa humanidad
A requerimiento del fiscal general Carlos Amad, se solicitó un nuevo juicio oral para el empresario Marcos Levín, un ex comisario y otros dos acusados de crímenes de lesa humanidad contra 17 trabajadores de la empresa La Veloz del Norte, de la cual era propietario.
Se los acusas de persecución, detención ilegal, tormentos y torturas que la policía aplicó a los trabajadores debido a su militancia gremial y política. Los hechos ocurrieron entre el 20 de enero y el 24 de enero de 1977.
Marcos Jacobo Levín, ex dueño de la empresa de transporte La Veloz del Norte; José Antonio Grueso, ex jefe de personal de la firma; Víctor Hugo Almirón, ex jefe de la Comisaría Cuarta de Salta y Enrique Víctor Cardozo, ex oficial en la misma dependencia, fueron acusados por el fiscal general Carlos Martín Amad, titular del Área de Derechos Humanos de la Unidad Fiscal Salta, quien solicitó que sean juzgados en un debate oral y público por crímenes de lesa humanidad.
El fiscal formalizó la petición esta semana ante el Juzgado Federal N°1, a cargo del juez Julio Bavio, quien ahora deberá expedirse respecto al pedido que llevaría al empresario a un segundo juicio por este tipo de crímenes.
En el primero fue condenado a 12 años de prisión por los delitos de privación ilegítima de la libertad y tormentos en perjuicio de un empleado.
En el nuevo requerimiento de elevación a juicio, Amad elaboró y analizó detalladamente el contexto histórico, la situación local respecto al esquema represivo imperante durante la época del terrorismo de Estado, como también las pruebas reunidas, entre ellas las declaraciones de las víctimas y la documentación recolectada a lo largo de la investigación penal.
Amad acusó a Levín como instigador, a Grueso como partícipe y a Almirón y Cardozo como autores penalmente responsables de los delitos de privación ilegal de la libertad cometida con abuso funcional agravada por haberse cometido con violencia y amenazas, y por su duración de más de un mes en el caso específico de un detenido (delegado gremial), en concurso real con imposición de tormentos agravada por ser las víctimas perseguidas políticas, hechos cometidos en perjuicio de 17 empleados.
De acuerdo con la fiscalía, los hechos imputados fueron cometidos en el marco de los "procedimientos policiales realizados entre los días 20 de enero y el 24 de enero de 1977 en las provincias de Salta y Tucumán", cuando efectivos de la ex Comisaría Cuarta de la policía provincial, a cargo de Almirón, detuvieron sin orden judicial a unos 25 trabajadores de la empresa de Levín.