Ley Bases: Los cambios que aceptó el gobierno para la aprobación
El Senado de la Nación dio el visto bueno ayer a la Ley Bases, pero hubo grandes cambios que cedió el gobierno nacional.
En medio de extensas negociaciones para que el Senado apruebe la Ley Bases, el Gobierno de Javier Milei aceptó una serie de cambios fundamentales.
El proyecto se quedó sin la derogación de la moratoria previsional y la creación la Prestación de Retiro Proporcional. También aplicó una serie de cambios sobre el RIGI.
Otra modificación fue el retiro de la lista de “privatizables” a Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (RTA).
Ahora, solo resta que Diputados defina si aceptar o no las modificaciones propuestas. En caso del rechazo, la Ley se mantendrá tal y como salió de la Cámara baja.
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El detalle:
Seguirá la moratoria
En las primeras horas de debate se dio a conocer que el texto que trataron los senadores en el recinto no incluía el capítulo que eliminaba la moratoria. Esto deja vigente el beneficio jubilatorio tal como rige desde el gobierno de Alberto Fernández.
Los cambios a las normas previsionales, además, afectaban en los hechos la edad en que se jubilaban más que nada las mujeres, no por un cambio en la edad mínima, sino en las condiciones en las que podían adherirse al retiro proporcional propuesto. Esa alteración al régimen actual también fue dejada de lado.
Según especialistas, la derogación de la moratoria anticipada implicaba que 9 de cada 10 mujeres no podría jubilarse a los 60 años y debería esperar hasta los 65 años para acceder a una PUAM.
Entre los hombres el cambio era menor, en comparación, pero también relevante. Si se hubiera incluido el fin de la moratoria en el texto, se calculaba que 7 de cada 10 hombres tampoco podrían jubilarse a los 65 años.
Esto es porque los altos niveles de informalidad que todavía persisten en el mercado laboral hace que esa porción de los trabajadores no llegue a la edad jubilatoria con el aporte suficiente.
Empresas no privatizables
En los primeros minutos, oficialismo anunció que estaba dispuesto a modificar el artículo 7 de la Ley Bases para reducir el listado de las empresas “sujetas a privatización”.
De esa forma, Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (RTA) – que controla la TV Pública y Radio Nacional y sus 40 repetidoras en el país- quedaron fuera.
Por pedido de la oposición dialoguista del PRO, Hacemos Coalición Federal y la UCR en Diputados, el Gobierno incluyó en el texto que en el proceso de traspaso a manos privadas, intervendrá la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones.
Esa comisión está integrada por diputados y senadores, con la colaboración de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
A su vez, la Auditoría General de la Nación (AGN) “deberá realizar un examen respecto del proceso de privatización de cada una de las empresas, evaluando el cumplimiento de los aspectos legales y financieros, una vez finalizado el mismo y dentro de un plazo de treinta días hábiles”.
Cambios en el RIGI
En lo que respecta al RIGI, la primera modificación apuntó al artículo 165: ya no será para “cualquier sector”, sino para “foresto industria, infraestructura, minería, energía y tecnología”.
Asimismo, habrá un guiño extra para proveedores locales, ya que el compromiso para este caso será “como mínimo el 20% de la totalidad del monto de inversión”, siempre y cuando “la oferta se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad”. Dicho porcentaje mínimo deberá mantenerse durante las etapas de construcción y operación.
Otro retoque importante será en el artículo 196 –incentivos cambiarios–, que limita la obligación de liquidación en el mercado de cambios a las divisas que ingresen por exportaciones de productos que generen los proyectos. Será de un 20% luego de dos años de iniciada la inversión; 40%, después de tres años; y 100%, a partir de los cuatro años.
En otro punto, se modificó el artículo 205 para que las acciones, cuotas o participaciones sociales de los vehículos de proyecto único (VPU) adheridos al RIGI puedan ser objeto de negocios jurídicos de garantía.
A su vez, se modificó el Artículo 175, y se propone “morigerar el procedimiento de aprobación de un VPU para evitar que, por cuestiones de estricto rigorismo formal, se rechacen proyectos o la administración incumpla plazos de por sí, muy exiguos”.
Blanqueo de capitales
El paquete fiscal también sufrió algunas modificaciones en su paso por el Senado. En primer lugar, con relación al texto que salió aprobado de Diputados, se destacan cinco grandes cambios sobre el blanqueo de capitales.
Por un lado, se estableció que no se podrán blanquear criptomonedas en el exterior, cómo había sido establecido en primera instancia.
Sumado a ello, se estableció que los inmuebles a nombre de sociedades sólo se podrán blanquear si estaban declarados por la sociedad.
Además, la prohibición de los funcionarios de adherir al blanqueo pasó de 5 a 10 años. En lo que hace a parientes de funcionarios, incluyeron en la prohibición a hermanos y todos los de primero y segundo grado.
Por último, se incluyeron herramientas para las provincias y las inversiones productivas, como posible destino sin impuesto de los fondos que se depositarán en cuentas especiales.
Modificación sobre los Bienes Personales
Los cambios en el paquete fiscal también alcanzaron al impuesto a los Bienes Personales. En concreto, se estableció una suba del 20% en las alícuotas para quienes ingresen al blanqueo.
En concreto, para los contribuyentes en general, la alícuota será de 1,5% para 2023; 1,25% para 2024; 1% para 2025; 0,75% para 2026, y 0,25% para 2027 en adelante.
Quienes ingresen al blanqueo, en cambio, pagarán 1,8% en 2023, 1,5% en 2024, 1,2% en 2025, 0,9% en 2026 y 0,3% del 2027 en adelante.
Ganancias
Los senadores rechazaron los cambios al Impuesto a las Ganancias que estaban incluidos en el Paquete Fiscal.
El restablecimiento del Impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría para los trabajadores en relación de dependencia fue rechazado por 41 votos contra 31.
De no haber nuevos cambios en Diputados, quedará vigente el esquema que rige actualmente de Ganancias. Esa última reforma eximió del impuesto a 800.000 asalariados. La normativa elevó el piso del mínimo no imponible para trabajadores y jubilados que perciban 15 salarios mínimos vitales y móviles (SMVM), es decir, $3.514.725 de salario bruto. Además, estipuló que los contribuyentes tributan de acuerdo a la diferencia entre el haber y el mínimo establecido y las alícuotas van del 27% al 35%, según el nivel de ingresos.
Con información de Infobae