Ley de Glaciares: fuerte discusión nacional que excede lo meramente técnico
El posicionamiento del sector minero se da en un contexto de fuerte discusión nacional sobre la legislación ambiental, particularmente sobre las leyes de presupuestos mínimos.
Para el doctor en Biología Enrique Derlindati, investigador y docente de la Universidad Nacional de Salta, el problema de fondo no es solo cómo se redacta una norma, sino qué concepción de ambiente y de Estado subyace detrás de las reformas que hoy se impulsan.
“Es grave que se avance sobre cualquier ley de presupuestos mínimos”, advirtió el científico en diálogo con Nuevo Diario. Según explicó, estas normas no regulan cuestiones jurisdiccionales menores, sino que establecen límites básicos para la protección de bienes comunes que no respetan fronteras políticas. “Los ecosistemas no terminan en una línea de un mapa. No puede ser que de un lado del límite provincial un glaciar sea considerado protegido y del otro lado no”, señaló, trazando un paralelismo con lo que ocurre con la Ley de Bosques y las diferentes categorías de conservación según la provincia.
Uno de los puntos más sensibles del debate es la redefinición de qué se considera glaciar o ambiente periglacial. Para Derlindati, el uso del término “geoformas” no es inocente. “Muchas de las llamadas geoformas no son otra cosa que glaciares. Cambiar el nombre es una forma de relativizar su valor”, afirmó. En ese sentido, alertó sobre el riesgo de que la protección quede supeditada a análisis técnicos fragmentados y dependientes de quién los realice. “Si la clasificación depende de los técnicos que se contraten, entramos en el terreno de las interpretaciones interesadas. Hecha la ley, hecha la trampa”, resumió.
El biólogo cuestionó además que los glaciares sean analizados únicamente como fuentes de recursos hídricos en un sentido utilitario. “Los glaciares no solo regulan el agua. También influyen en el clima, sostienen procesos ecosistémicos, generan hábitats. Reducirlos a un reservorio de agua para consumo humano o para actividades extractivas es empobrecer el debate”, sostuvo. Y fue más allá al plantear la necesidad de ampliar el concepto de recurso hídrico: “No es solo agua para beber o para la minería. Hay que incorporar el caudal ecológico, el agua que mantiene vivos los ecosistemas que, en definitiva, nos sostienen como sociedad”.
Desde su mirada, uno de los riesgos centrales de las modificaciones en discusión es la ponderación de los criterios técnicos en un contexto atravesado por conflictos de interés. “El organismo que clasifique y valore los glaciares debería ser independiente y autárquico, sin responder a intereses económicos ni políticos. De lo contrario, pasa lo mismo que con muchas evaluaciones de impacto ambiental, que terminan siendo pagadas por las propias empresas interesadas”, advirtió.
En ese marco, Derlindati planteó la necesidad de fortalecer el rol de las universidades públicas. “No pueden seguir siendo vistas como organismos decorativos. Instituciones como la Facultad de Ciencias Naturales de la UNSa podrían cumplir un rol clave como auditoras ambientales independientes”, propuso, aunque reconoció que se trata de una discusión pendiente en el plano legislativo.
Para el científico, la discusión sobre la Ley de Glaciares no es un debate técnico aislado ni una pulseada sectorial. “Acá se está discutiendo si el ambiente es una condición para el desarrollo o un obstáculo a remover. Y desde la biología, desde la ciencia básica, eso es claro: no hay desarrollo posible sin agua, sin ecosistemas funcionales”, afirmó.