Liberación parcial en el conflicto wichí por presentación de hábeas corpus
La detención de referentes wichí que habían ido a denunciar amenazas de muerte terminó exponiendo, una vez más, un patrón que se repite en el norte de Salta: cuando el territorio es vulnerado, la respuesta del Estado recae sobre quienes lo defienden.
En las últimas horas, la Justicia ordenó la liberación de Marta Herrera, histórica referente de la comunidad wichí de Misión Chaqueña, tras la presentación de un hábeas corpus. Sin embargo, Leonardo Pantoja continúa privado de su libertad, en una causa que mantiene en vilo a las comunidades indígenas de la zona de Embarcación.
Herrera y Pantoja habían sido detenidos la noche del miércoles cuando se presentaron en el destacamento policial de Padre Lozano con la intención de formalizar una denuncia por amenazas. Según relataron, los hostigamientos provenían de Claudio Ferrari, un empresario señalado por el avance de alambrados y la tala ilegal sobre tierras comunitarias. Lejos de recibir protección, ambos fueron demorados y luego trasladados por orden de la fiscal penal de Embarcación, Gabriela Souto, imputados por supuestas lesiones y amenazas contra el propio empresario con el que mantienen un conflicto territorial.
La situación de Herrera generó especial preocupación desde el primer momento. De edad avanzada y con graves problemas de salud, fue trasladada a Tartagal, donde permaneció incomunicada y, durante horas, sin acceso a su medicación esencial. Certificados médicos advertían sobre un cuadro complejo -con afecciones cardíacas, renales, hipertensión y Chagas- que volvía riesgosa cualquier privación de atención.
Organismos de derechos humanos denunciaron además la falta de alimentos y las condiciones de detención.
El caso activó una rápida reacción de comunidades indígenas, organizaciones sociales y referentes en derechos humanos, que se apostaron frente a la fiscalía y comenzaron a exigir la liberación inmediata de ambos referentes. Según información a la que pudo acceder Nuevo Diario, la intervención de la abogada Tania Kiriaco, vinculada al Comité de Derechos Humanos, permitió avanzar con un hábeas corpus presentado ante el Juzgado interviniente. Tras gestiones con el secretario judicial y el comisionado Andrés Giordamachi, cerca de las 13.30 del viernes se ordenó la liberación de Marta Herrera.
Lo ocurrido no puede leerse como un episodio aislado. Desde hace meses, la comunidad wichí de Misión Chaqueña denuncia el avance de alambrados de varios kilómetros que restringen el acceso a territorios ancestrales y habilitan la extracción de madera. Para las comunidades, la secuencia es conocida: primero el cercamiento, luego la tala y finalmente el intento de expulsión.
Las mujeres wichí vienen sosteniendo acampes y presentaciones formales para frenar el desmonte, sin respuestas efectivas de los organismos estatales competentes. En ese contexto, las amenazas se volvieron más frecuentes, especialmente contra quienes registran con fotos y videos lo que ocurre en el territorio.
La detención de dos referentes, justo cuando acudían a denunciar esos hechos, fue leída como un mensaje disciplinador hacia toda la comunidad.
Repudio y reclamos
La Red Contra la Violencia Institucional de Salta denunció que la detención se produjo sin garantías procesales y cuestionó la actuación de la fiscalía, señalando el vínculo de parentesco entre la fiscal Souto y el empresario agropecuario denunciado.
En un comunicado, advirtió sobre la connivencia entre poder económico, sistema judicial y fuerzas de seguridad, y reclamó el cese inmediato de la persecución contra las comunidades que resisten el desmonte. En la misma línea, el Centro de Estudios Legales y Sociales alertó públicamente sobre el estado de salud de Herrera durante su detención y exigió que se respeten los derechos de las comunidades indígenas.
Desde el organismo remarcaron que no existen motivos para sostener las detenciones y que el Estado incumple su rol como garante de derechos reconocidos en la Organización Internacional del Trabajo -a través del Convenio 169- y en la legislación nacional.
Aunque la liberación de Marta Herrera alivió parcialmente la tensión, el conflicto sigue abierto. Leonardo Pantoja permanece detenido y se espera una definición judicial.