Milei libera a colegios privados a fijar sus aranceles sin autorización estatal
El Gobierno derogó una normativa que regulaba los precios de matrículas y cuotas en establecimientos educativos privados, abriendo paso a que cada colegio fije sus valores sin previa autorización estatal.
Manuel Adorni aprobó un decreto mediante el cual elimina el régimen de control vigente en el cobro de aranceles por parte de los colegios privados, una disposición que venía operando desde los años noventa.
Con esta decisión, los establecimientos educativos de gestión privada quedan facultados para fijar libremente las cuotas y matrículas, sin necesidad de comunicar al Estado ni obtener su aprobación.
Según el texto oficial, la normativa que se deroga “presenta limitaciones y requerimientos que dificultan la adaptación de los institutos de enseñanza de gestión privada a las realidades educativas y económicas del país”.
El Gobierno argumenta que el marco regulatorio original lo diseñaron en una época en que la administración de la enseñanza dependía más directamente del Estado nacional. Además que con la transferencia de competencias a las provincias ya no responde al contexto actual.
La medida impacta de inmediato sobre miles de colegios privados que, hasta ahora, estaban obligados a notificar al Estado los montos previstos para matrículas y cuotas, y a esperar su autorización para modificarlos.
A partir de ahora los establecimientos podrán definir sus valores en función de sus propios criterios de gestión, costos y mercado.
El nuevo marco
Asimismo, aunque los colegios plantean que la libertad tarifaria les permitirá ajustar sus finanzas con mayor flexibilidad, los padres estiman que podría traducirse en aumentos más frecuentes o de mayor magnitud.
Desde el Gobierno se afirma que la medida busca garantizar la sustentabilidad de los colegios privados y preservar la calidad de la educación en ese sector.
Sin embargo algunos analistas advierten que sin acompañamiento regulatorio puede crecer la brecha entre familias que pueden afrontar pagos elevados y aquellas que no.
Además se espera que el Ministerio de Educación comunique en los próximos días los plazos y condiciones para que los colegios adapten sus procesos internos al nuevo régimen.
En paralelo, las provincias seguirán ejerciendo su competencia en materia de supervisión y acreditación de los establecimientos, aunque ya sin la obligación federal de aprobar aranceles.
La norma marca un cambio sustancial en la política educativa del país, al desplazar el control tarifario del nivel nacional y otorgar mayor autonomía al sector privado.
Fuente: Ámbito Financiero