Los pueblos indígenas de Salta alzan la voz por tierras en disputa de Las Pailas
El IPPIS y la Comunidad Diaguita Kallchakí Las Pailas rechazaron el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y advirtieron sobre sus consecuencias para los territorios comunitarios, el agua y los bienes naturales.
La iniciativa modifica los límites a la compra de tierras rurales por extranjeros, redefine el régimen de expropiaciones y acelera procedimientos de desalojo. El próximo 6 de agosto, el Senado de la Nación retomará el tratamiento del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que modifica las reglas vigentes sobre expropiaciones, desalojos, regularización dominial, compra de tierras rurales por extranjeros, manejo del fuego y registros inmobiliarios. En Salta, el debate despertó una fuerte reacción entre los pueblos indígenas. El Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS) manifestó su “rechazo absoluto” y se declaró en estado de alerta permanente, mientras que la Comunidad Diaguita Kallchakí Las Pailas ratificó desde Cachi que continuará en asamblea para defender su territorio ancestral tras los violentos desalojos del mes de junio. Aunque los pronunciamientos parten de experiencias diferentes, ambos confluyen en una advertencia central: la tierra representa memoria, identidad, producción, acceso al agua y continuidad comunitaria.
¿Qué se trata?
El proyecto llegará nuevamente al recinto después del cuarto intermedio dispuesto por el Senado el 16 de julio. El dictamen de mayoría contiene 48 artículos y es diferente de la propuesta original enviada por el Poder Ejecutivo. Durante la negociación fue retirado el capítulo que modificaba de manera directa el régimen de integración de los barrios populares, pero se conservaron los cambios sobre expropiaciones, regularización dominial, desalojos, tierras rurales y protección de áreas incendiadas. El Gobierno sostiene que el objetivo es fortalecer el derecho de propiedad, mejorar la seguridad jurídica y eliminar restricciones que desalientan inversiones. Las comunidades indígenas, en cambio, consideran que esa orientación coloca los intereses inmobiliarios y financieros por encima de los derechos colectivos y de la función social de la tierra. El centro de la controversia se encuentra en la reforma de la Ley 26.737, sancionada en 2011 para establecer límites al dominio extranjero sobre las tierras rurales. Actualmente, esa legislación fija en un 15 por ciento el máximo de tierras rurales que pueden quedar en manos extranjeras.
Para el caso de Salta, en algunos territorios la ocupación es mayor
El IPPIS cuestionó la falta de consulta
En su comunicado, el Consejo Directivo del IPPIS sostuvo que el proyecto desconoce la naturaleza colectiva de la propiedad comunitaria indígena y puede profundizar los conflictos territoriales existentes. También denunció que no se realizó una consulta previa, libre e informada a los pueblos potencialmente afectados. El organismo fundamentó su rechazo en tres niveles de protección jurídica. En el plano internacional mencionó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que obliga a los Estados a respetar la relación especial que los pueblos indígenas mantienen con las tierras y territorios que ocupan o utilizan tradicionalmente.
El IPPIS también recordó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que reconoce el derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar los territorios y recursos vinculados con la ocupación tradicional. En el ámbito nacional, señaló que el artículo 75, inciso 17, de la Constitución reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y garantiza la posesión y propiedad comunitarias de las tierras tradicionalmente ocupadas.
En el orden provincial, citó el artículo 15 de la Constitución salteña, que reconoce la identidad indígena y la propiedad de las tierras comunales. El proyecto no elimina esas garantías constitucionales ni habilita la venta de territorios que ya cuentan con un título comunitario. Sin embargo, el conflicto aparece allí donde el reconocimiento jurídico todavía no fue completado, existen superposiciones con títulos privados o las comunidades mantienen reclamos de restitución. Por eso calificó las reformas como una amenaza de despojo y reclamó a los senadores nacionales por Salta que rechacen la iniciativa. “No permitiremos que la seguridad jurídica de los negocios inmobiliarios y financieros se construya sobre el destierro y el olvido de los primeros habitantes de este suelo”, expresó el instituto.
Las Pailas: las tierras, el nevado y el agua
La Comunidad Diaguita Kallchakí Las Pailas vinculó el debate nacional con su propia lucha por el reconocimiento y la restitución integral del territorio comunitario en Cachi. En un comunicado difundido luego de una nueva asamblea, la comunidad reafirmó su decisión de defender las tierras que ocupa desde tiempos ancestrales y sostuvo que en ellas se encuentran su memoria, identidad, cultura y futuro. Para Las Pailas, el territorio no representa solamente una extensión de suelo. También comprende el nevado y el agua que nace allí, de la que dependen la producción, la alimentación y la vida cotidiana de la comunidad y de otros sectores del Valle Calchaquí. “No vamos a ceder ante ningún intento de extranjerización de nuestras tierras”, expresó la organización, que advirtió que apropiarse del territorio también significa avanzar sobre sus bienes comunes y su modo de vida. La comunidad sostuvo que los derechos indígenas son históricos, colectivos y anteriores a la conformación del Estado, por lo que no pueden quedar subordinados a decisiones inmobiliarias, judiciales o económicas. Las Pailas también informó que sigue de cerca el proyecto de Emergencia Territorial presentado en el Senado provincial por Walter Cruz, al considerar que Salta necesita una normativa específica por ser una de las provincias con mayor presencia indígena. Al mismo tiempo, mantiene su pedido de jury contra la jueza María Victoria Diez Barrantes y contra quienes considera responsables de los atropellos cometidos durante el conflicto territorial.
Mientras el Gobierno presenta la iniciativa como una herramienta para fortalecer la seguridad jurídica, las organizaciones indígenas advierten que esa seguridad no puede construirse debilitando los derechos de quienes habitan y defienden esos territorios desde antes de la conformación del Estado argentino.