Lucha judicial por el abandono de la obra social de la Policía Federal

Mientras la crisis de las fuerzas de seguridad se agrava en todo el país, familiares de retirados deben recurrir a la Justicia para garantizar tratamientos médicos básicos.

El caso de un suboficial en Salta desnuda el colapso del sistema, mientras desde Nación se emula un discurso “dignificador” de las fuerzas de seguridad. “Gracias a Dios, mi papá me tiene a mí. No vamos a permitir que termine como el señor Tejerina, tan solo y abandonado”, sostiene Marina Colina con fortaleza tras años de lucha, frustración y trámites interminables. Su padre, suboficial retirado de la Policía Federal, de 75 años, vive en Salta y es uno de los miles de retirados que siguen aportando sumas millonarias a una obra social que, desde hace tiempo, no les brinda ningún tipo de cobertura efectiva dejándolos librados a su suerte.

Días atrás, en Buenos Aires, el suicidio del escribiente retirado Tejerina dentro del Hospital Churruca sacudió al interior de la fuerza y desnudó la situación por la que atraviesan. Dejó una carta dirigida al director del hospital con duras críticas por el abandono a su persona, encendiendo las alarmas. No obstante, esto no sorprendió a quienes desde hace años padecen el abandono institucional. Es el caso de la familia Colina, en el norte del país y de otras que se conoce, han optado por judicializar los reclamos a través de amparos.

“El calvario empezó cuando a mi papá le detectaron un tumor en la próstata, después de la pandemia”, relata Marina. Desde entonces, lo que siguió fue una carrera contra la burocracia, la desidia estatal y el deterioro físico y emocional que implica sostener una vida con enfermedades crónicas sin cobertura médica.

Una obra social vacía

El padre de Marina aporta más de 200.000 pesos mensuales por él y su esposa a la obra social de la Policía Federal. Sin embargo, ni él ni su familia pueden acceder a atención médica. “La obra social está cortada desde hace años en Salta. El Círculo Médico la expulsó por falta de pago. Ni clínicas, ni médicos, ni farmacias lo atienden. A veces aparece alguna doctora que hace recetas, pero es traumatóloga, y mi papá tiene diabetes y tuvo un tumor”, cuenta su hija. Ante la negativa en hospitales públicos —porque el sistema lo sigue registrando como afiliado a una obra social—, la familia tuvo que pagar médicos particulares, presentar amparos judiciales y rogar por presupuestos que viajan a Buenos Aires y demoran semanas en ser aprobados. “Cada trámite es un vía crucis. Cada receta, cada medicamento, cada estudio médico… todo es un obstáculo más.”

Los meses más duros los enfrentaron sin saber si su padre podría recibir la medicación oncológica o seguir el tratamiento de radioterapia. “Hay que presentar tres presupuestos, esperar la aprobación, buscar turno, adelantar el dinero… todo esto con una persona con discapacidad y enfermedades graves. Es una locura.”

La crisis silenciosa del interior

La historia de la familia Colina no es la excepción. Representa a cientos de familias del interior profundo, donde el Estado nacional llega con sus fuerzas de seguridad, pero no con políticas públicas que las sostengan. “A mi papá lo mandaron de comisión a donde lo necesitaron. Trabajó en la frontera, se comió años de servicio con malas noches, mala comida y estrés constante. Ahora no puede caminar, tiene secuelas de ACV, y lo único que recibe del Estado son descuentos mensuales a cambio de nada.”

La situación se repite con los efectivos activos. Más de 600 miembros de las fuerzas federales —entre ellos personal médico, enfermeros y administrativos— solicitaron la baja en lo que va de 2025. Una cifra histórica que refleja el malestar estructural: sueldos congelados, prestaciones sanitarias colapsadas y una interna política que divide a los cuadros entre quienes se sienten representados por la vicepresidenta Victoria Villarruel y quienes desprecian a Patricia Bullrich, la actual ministra de Seguridad.

Durante la gestión anterior, se habían destinado fondos extraordinarios para equilibrar la obra social y mejorar el Hospital Churruca. Hoy, ese sistema solidario está colapsado.

“Estamos desamparados”

Marina no se queja del trabajo que implica cuidar a su padre. Pero sí del abandono institucional. “Yo tengo que estar con él como si fuera un bebé. No puedo tener un trabajo fijo porque tengo que estar disponible las 24 horas. La obra social no nos ayuda. Estamos solos.”

Los medicamentos llegan, muchas veces, solo después de que interviene la Justicia. “Tuve que presentar dos amparos. Y así, con la orden del juez en la mano, al día siguiente el medicamento aparecía. Es indignante: lo que es un derecho básico, lo tenemos que pelear como si fuera un favor.”

“Nosotros no vamos a dejar que eso (lo de Tejerina) le pase a mi papá. Pero no todas las familias tienen herramientas, tiempo, o alguien que los defienda. Es muy cruel. La salud no puede ser una cuestión de suerte”, cerró.